Estimado director:

Espero que pueda publicar estas líneas ya que las considero muy importantes de cara al Fiestón de Nochevieja que se va a celebrar de nuevo en Pozuelo.

Y es que no puede volver a haber medias tintas como el año pasado: La ley es contundente. Los menores de 18 años no pueden acceder ni permanecer en eventos donde se vende o se consume alcohol y eso incluye al acto que el Ayuntamiento ha organizado esa Nochevieja en la Carpa del Recinto Ferial.

Esta prohibición está recogida en la normativa autonómica que protege a los menores frente al riesgo de exposición al alcohol.

Pero no basta con que la ley exista. Tiene que cumplirse, cosa que no se hizo el año pasado.

Y la responsabilidad de que no vuelva a suceder atañe a cargos concretos que la ciudadanía debe conocer:

-Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, es la máxima autoridad municipal y, por tanto, la primera responsable de que las actividades autorizadas en el municipio respeten la legalidad vigente.

-Lorenzo M. Antolínez, comisario jefe de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, tiene bajo su dirección el cuerpo encargado de ejercer la policía administrativa, inspeccionar actividades recreativas y controlar accesos para impedir que menores entren en eventos con alcohol.

– Y Celso Galván, nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en Pozuelo de Alarcón, debe garantizar, en coordinación con la Policía Municipal, la seguridad ciudadana con especial atención a situaciones de riesgo previsible, como eventos multitudinarios con consumo de alcohol.

No se trata de una cuestión menor ni de un trámite burocrático. Si estos responsables no adoptan controles efectivos, visibles y permanentes para garantizar que los menores no acceden a eventos con alcohol, estaríamos ante un incumplimiento manifiesto de la normativa de protección de menores y de sus propias obligaciones institucionales.

Las consecuencias de no actuar no son teóricas y ellos lo saben:

-Sanciones administrativas graves o muy graves tanto para el organizador como para la administración que autoriza y no vigila.

-Suspensión del evento o retirada de autorizaciones si persisten los incumplimientos.

-Responsabilidad patrimonial si se produjeran daños derivados de la presencia de menores.

-Y, lo que es más importante, la exposición de menores a riesgos previsibles y evitables.

Además, en caso de ignorar esta obligación, los hechos pueden y deben ser comunicados a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, órgano con competencias de supervisión y coordinación en materia de seguridad, para que actúe conforme a sus funciones.

No hay excusas. Ni atajos.

El espectáculo bochornoso del año pasado no se puede volver a repetir.

Cuando la ley es tan clara y la protección de los menores está en juego, mirar hacia otro lado no es una opción.

La ciudadanía de Pozuelo merece saber si quienes ostentan responsabilidades públicas están cumpliendo con su deber o si, por el contrario, permiten que se vulneren normas fundamentales bajo el manto de la tradición festiva.

La Nochevieja debe ser una fiesta. Pero nunca a costa de la seguridad de los menores ni del desprecio por la ley.

Juan Pozuelo