El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa su enfrentamiento con el reparto a nivel estatal de menores migrantes no acompañados. Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, anunció que Madrid interpondrá un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reciente decreto estatal que establece la distribución de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

Según el portavoz, el decreto vulnera de nuevo las competencias autonómicas «desplazándolos por cuotas subjetivas y meramente políticas y sin priorizar lógicamente la garantía de su asistencia», tal y como afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se trata del tercer recurso presentado por la Comunidad contra el reparto de menores inmigrantes.

Zanjó que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso no será «cómplice de una política migratoria fallida» porque «no se le conoce ninguna medida al Gobierno central que ponga freno al caos migratorio que está viviendo España».

«La única política migratoria, la única medida de política migratoria que está adoptando el Gobierno central es precisamente el reparto de los menores no acompañados y el reparto de las personas inmigrantes que han llegado a nuestro país, ya sea a través de la ruta canaria o a través de los aeropuertos internacionales, entre ellos el de Adolfo Suárez Madrid Barajas», apuntaló.

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por vulnerar competencias autonómicas.

“No seremos cómplices de una política migratoria fallida”, ha explicado el portavoz @MA_GarciaMartin. pic.twitter.com/Hp6TFDXwlT

— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 27, 2025

Este recurso judicial se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica. El primero fue contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo, impugnado junto a otras diez comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por la falta de justificación de urgencia y por usar un instrumento legal inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.

El segundo recurso lo presentó el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra el Decreto de desarrollo aprobado el 22 de julio en Consejo de Ministros, que establecía medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias. El informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido hoy al Consejo de Gobierno madrileño.

Por todo esto, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central, por diferentes vías, la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio.