La Real Casa de Correos es el epicentro del conflicto político entre la Comunidad y el Gobierno, que ha declarado al inmueble Lugar de Memoria Democrática a pesar de la clara oposición de Isabel Díaz Ayuso a esta denominación.

Las torturas denunciadas en este espacio durante la dictadura, periodo en el que albergó la Dirección General de Seguridad, son el motivo por el que el Gobierno defiende que la actual sede del Ejecutivo regional debe ser catalogado como Lugar de Memoria. El equipo de Ayuso, por el contrario, ve en este nombramiento un intento de relacionar la Presidencia de la Comunidad con el franquismo, a través de una visión «errónea» y «sesgada» de la «verdad» y de la «historia». Más si cabe, inciden en Sol, después de que los informes que solicitó el propio Gobierno a la Real Academia de Historia para completar su expediente concluyen que el edificio jugó un papel destacado en la Ilustración, por encima de los usos dados a posteriori.

Un expediente que se posiciona ahora como principal elemento de confrontación entre instituciones: la Comunidad prepara un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno, al constatar que el expediente podría estar caducado en el momento del nombramiento. La Ley de Memoria Democrática establece en su artículo 50.5 que los expedientes para catalogar estos espacios se han de «resolver y notificar en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación».

El BOE especificaba ayer que «la incoación» del expediente «se llevó a cabo por Resolución de 16 de octubre 2024». El Gobierno, no obstante, sostiene que el plazo se inicia con la fecha de la publicación de la incoación del expediente, que fue el 24 de octubre de 2024. Es decir, ayer terminaba dicho plazo.

Una batalla administrativa que deberá resolver ahora la Justicia y que se añade a la maraña legal que rodea a la cuestión de la Real Casa de Correos. Ayuso elevó en febrero al Tribunal Constitucional un conflicto competencial que todavía no ha sido resuelto. Y desarrolló un blindaje legal de la sede a través de la legislación regional, que el Gobierno central trató de anular sin éxito también a través del Constitucional, y que ahora puede resultar decisivo si el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática pretende conmemorar la denominación en la Real Casa de Correos a través de un acto en este enclave.

Dicha modificación legal, incluida en el artículo 4 de la ley 8/2024 sobre la Real Casa de Correos, fue introducida por el PP de Ayuso en la Asamblea a finales de noviembre del año pasado y fue concebida como un muro de contención ante la agenda del Gobierno en la sede de la Presidencia de la Comunidad: se establece que «la instalación de placas o distintivos», así como la celebración de actos, «requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid».

En esta reforma legal se fijó además que no se aceptará ninguna placa, distintivo o evento «que pueda perjudicar o resultar incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia».

Un punto de gran importancia, ya que la Administración regional ha manifestado en las últimas horas que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es contraria «a la verdad y a la historia», por lo que Sol podría esgrimir que no se dan las condiciones para que el Ministerio, la Delegación de Gobierno o cualquier institución estatal convoque un acto o trate de instalar una placa conmemorativa dentro de la Real Casa de Correos. En los pasillos de la Comunidad, de hecho, no descartan que en las próximas semanas haya que activar esta cláusula, dada el grado de importancia que está adquiriendo en la agenda del Gobierno la efeméride por la muerte de Franco.

«Sin lugar a dudas es una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado del autócrata Pedro Sánchez», criticó ayer el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, que acusó al Gobierno de «volver a sacar el francomodín» para cambiar el marco del debate, de igual modo que Moncloa hizo el lunes al plantear la eliminación del cambio de horario.