El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha criticado que se afirme, a veces indiscriminadamente, que los jueces promueven el lawfare o judicialización de la política, y ha pedido respeto institucional, sin entrar a valorar el trabajo del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno.

Rodríguez Padrón se ha pronunciado así en la presentación de la memoria del TSJM referida a 2025, que ha sido su último acto público como presidente del TSJM, puesto que ocupa desde 2019 y que deja para incorporarse a la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo.

Preguntado por la instrucción que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha sido criticada por miembros del Gobierno y que se une a otros casos judiciales que causan «revuelo político», el magistrado ha dicho que no puede dar su opinión «bajo ningún concepto» por el cargo que tiene.

Se ha limitado a recordar que esa causa aún «tiene mucho recorrido» ya que la Audiencia Provincial tiene que resolver sobre recursos esenciales que además podrán ser recurridos en otras instancias.

Sí se ha referido al «revuelo político» que suscitan diferentes causas judiciales y ha suscrito las palabras de la presidenta del Supremo y del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el sentido de que «al hilo de casos de gran actualidad puedan resquebrajarse las líneas del respeto institucional».

«Esta insistencia en la articulación de campañas de lawfare por parte de jueces o tribunales, como si estuviésemos conspirando para derrocar determinadas opciones políticas, creo que no son en absoluto de recibo», ha dicho precisando que un juez puede equivocarse pero hay «un sistema enormemente garantista» que permite recurrir.

Ha incidido en que atribuir esa actitud a los jueces «de forma a veces indiscriminada» y «magnificar esas descalificaciones hacia la carrera judicial» no es justo, porque de los siete millones de asuntos tramitados en los órganos judiciales españoles en 2025 solo causan ese revuelo político o social «cinco, diez, doce… o veinte».

«Es increíble esta búsqueda de motivaciones espurias en el desarrollo de la actuación judicial. No es justa esa descalificación abstracta y general de una campaña que desde mi conocimiento, no existe», ha concluido.

Preguntado sobre casos mediáticos, como Púnica, que se juzgan hasta diez años después de su inicio, frente a otros, como el del ex fiscal general del Estado o el caso Koldo, que se juzgaron en mucho menos tiempo, Rodríguez Padrón ha dicho que se trata de órganos judiciales diferentes, con tiempos diferentes, y que todo se puede recurrir en instancias superiores y europeas.

«No se puede entender que, por muy garantista que sea un sistema, por muy complejas que sean determinadas causas, algunas vean que transcurren diez años en su fase de instrucción. Aquí tenemos un problema de reputación», ha afirmado sobre el primer asunto.

En cuanto al caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz sobre el que le han preguntado por las consecuencias que tendría que finalmente una instancia superior determinara que no es culpable, Rodríguez Padrón ha dicho que al hablar de posibles daños producidos por resoluciones judiciales no solo hay que fijarse «en estos grandes personajes».

«No podemos fijarnos solamente en el esmero en la protección de derechos de las personas que tienen notoriedad pública o política debido al cargo que puntualmente ocupen. El principio de igualdad ante la ley no solamente exige una igualdad de trato, sino también una igualdad de consideración. No puede haber ante los órganos judiciales, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda». EFE.