Pozuelo de Alarcón está en alerta naranja por calor extremo. La AEMET marca 38 grados a mediodía. El asfalto quema. El aire no se mueve. Y sin embargo, en la Plaza del Gobernador del Barrio de la Estación, una cuadrilla de obreros trabaja sin descanso (de la mañana a la tarde) bajo un sol implacable y abrasador, rompiendo un pavimento, que estaba en perfecto estado dicho sea de paso, con martillos compresores, picos y palas.

Mientras tanto, en la sombra, las autoridades forasteras del Ayuntamiento de Pozuelo miran para otro lado en sus confortables despachos con aire acondicionado. O peor aún: lo permiten.

Esta obra es responsabilidad directa de la Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente, Vivienda y Embellecimiento y Desarrollo de la Ciudad, que dirige Miriam Picazo, la vicealcaldesa de facto de este Gobierno municipal. Una concejalía que parece más preocupada por la estética de las aceras que por la salud de quienes las construyen.

¿Qué clase de desarrollo de ciudad permite que se explote a trabajadores en condiciones de riesgo?

¿Qué clase de embellecimiento justifica semejante barbaridad?

En el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo cercano, la cosa es bien distinta. Su delegada de Obras, Paloma García Romero, ha sido clara Ayer mismo: Si a partir de las 12:30 horas pm se superan los 38,5 grados, las obras deben paralizarse.

Así lo exige el Consistorio madrileño a todas las empresas adjudicatarias. Porque allí hay responsabilidad institucional. Allí se respeta la salud de las personas. Se respeta la vida humana.

La Comunidad de Madrid, por su parte, recomienda evitar los trabajos físicos al aire libre entre las 14:00 y las 17:30 durante las olas de calor. Además, el trabajo debe detenerse en cuanto la AEMET emita una alerta naranja o roja, como la que está activa hoy mismo en Pozuelo.

Pero aquí, nada. En Pozuelo no hay controles. No hay inspecciones. No hay directrices claras. Sólo hay obreros deshidratados trabajando en el infierno urbano de la Plaza del Gobernador, ejecutando una obra innecesaria que nadie ha pedido y que a nadie beneficia.

¿Quién ha decidido levantar ese firme que estaba intacto?
¿Quién adjudicó la obra?
¿Quién dio la orden de seguir adelante con ella en pleno agosto con su sol abrasador?

La alcaldesa Paloma Tejero guarda silencio.
Y la vicealcaldesa Miriam Picazo también.

Ninguna de las dos vive en Pozuelo pero ambas parecen más interesadas en maquillar la ciudad para la foto que en garantizar el bienestar de quienes la construyen.

Las políticas de embellecimiento no pueden estar por encima de la dignidad humana.

En otras obras privadas del municipio, como la de un edificio cercano a esta redacción, los trabajos se detienen a las 14:00 en días como hoy. Porque hay empresas que sí cumplen. Porque hay promotores que sí respetan la normativa. Pero el Ayuntamiento de Pozuelo contrata a quien no lo hace. Y eso es gravísimo.

Este gobierno municipal no tiene excusa. Ha cruzado una línea que ningún poder público debería cruzar jamás: la de permitir que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores por capricho político o prisa electoral.

Lo decimos alto y claro: esto no es gobernar. Esto es maltratar.

Pozuelo merece algo mejor. Y los obreros, también.

Juan Manuel Sánchez