El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que recular y dice ahora que el traslado de 400 menores inmigrantes a Pozuelo de Alarcón nunca estuvo cerrado. Manda güevos. Lógicamente, tras la orden de clausura del centro, dictada por el Ayuntamiento por carecer de licencia, al Ejecutivo sanchista no le quedaba otra para salvar el trasero de la cacicada.

Ahora, los muy desvergonzados dicen que están buscando otro destino contrarreloj. Curioso. No estaba decidido traerlos a Pozuelo pero ahora andan a toda leche buscando otro destino.

Durante semanas, Moncloa señaló a Pozuelo como lugar inmediato de estos menores solicitantes de asilo. Y no lo hizo en secreto. El plan estaba sobre la mesa “desde hace varias semanas”, según fuentes ministeriales. Solo la firme reacción municipal ha frenado la operación. Esa es la realidad.

Y conviene recordarlo: El centro que Sánchez quería imponer como sede en nuestro municipio no cumplía las condiciones legales mínimas. Y el Ayuntamiento, empujado por el clamor de los vecinos y por algún medio como éste que sugirió la solución días antes, no tuvo más remedio que ordenar su cierre.

El Gobierno quería traerlos aquí para castigar a Ayuso en el trasero de Pozuelo y la negativa municipal ha descarrilado el plan. Y, además, desde la legalidad. Lo demás son excusas de manual. Lamentos de cornudos que diría el tango.

Mientras tanto y gracias a la caótica política de inmigración de Sánchez o vaya usted a saber qué debe tanta humillación marroquí, en Canarias la situación sigue desbordada y, lo que es peor, el Gobierno sigue sin tener un plan sólido, improvisando a golpe de rueda de prensa y de filtraciones interesadas, cuando la realidad es que el Gobierno no tiene un plan serio salvo el de imponer a los municipios su agenda. A ser posible del PP.

A todos menos a los de Cataluña y el País Vasco que para algo ayudan a Sánchez en la perdición de España.

Y ya basta.

En El Correo de Pozuelo lo hemos dicho mil veces que la defensa de nuestro municipio exige firmeza y ya era hora de que la alcaldesa Tejero dé la sensación de estar más preocupada por no molestar a Génova que por escuchar a los pozueleros.

La conclusión es clara: el Gobierno de Sánchez intentó imponer en Pozuelo un centro sin condiciones y la presión ciudadana ha obligado a rectificar.

Pero la amenaza no crean que ha desaparecido. El Ejecutivo sigue buscando dónde colocar a cientos de menores, y Pozuelo sigue en el punto de mira porque si algo tiene Sánchez es que no perdona un no.

Ni siquiera a los de su propio partido.

Juan Manuel Sánchez