En el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón ya no hace falta una auditoría externa para detectar el desorden municipal, basta con leer un cartel del Gobierno. O mejor dicho, intentar llamar al teléfono que aparece en él.

Y es que bajo el mandato de la alcaldesa Paloma Tejero, el caos administrativo ha alcanzado un nuevo nivel máximo: El del error impreso, plastificado y repartido por todo el municipio.

El último episodio roza el esperpento. La alcaldesa se ha lanzado a publicitar de forma profusa —demasiado, dirían algunos— que los vecinos tienen hasta el 31 de diciembre para solicitar bonificaciones fiscales de cara a 2026.

Bonificaciones en el IBI, en el IVTM, en el ICIO, en el IAE, en tasas municipales y, cómo no, en la flamante Tasa de Basuras. Todo muy social, muy sensible y muy oportuno. Quizá demasiado oportuno para quien arrastra la mala conciencia de haber atracado fiscalmente a los vecinos con una tasa impuesta, sin compensarla con la bajada de ni uno solo de los impuestos prometidos en campaña electoral.

Todo propaganda política estándar.

El problema llega cuando el vecino obediente, ese que todavía cree que el Gobierno está para ayudarle, decide llamar al número de teléfono que figura en los carteles para informarse o solicitar dichas bonificaciones, y marca el 91 445 22 704 o terminado en 705, en 719 y en 700. Y nada. Silencio. Porque esos teléfonos no existen. Literalmente. Son números fantasmas. Líneas directamente al vacío administrativo. Tienen un número de más. Es alucinante.

Los teléfonos correctos —los de verdad— son el 91 452 27 04 o terminado 05 y 19. Pero estos no aparecen en los carteles. Aparecen los otros. Los inventados. Los erróneos. Los inútiles.

Como si alguien hubiera copiado un número de memoria en una servilleta de papel y nadie, absolutamente nadie, los hubiera comprobado antes de imprimir miles de copias.

¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?
¿Pero es que nadie repasó las pruebas?

¿De quién es la culpa de tamaño gran ridículo?

Y no estoy hablando de un folleto de fiestas ni de una errata menor. Estoy hablando de información fiscal sensible, de plazos legales, de ayudas para familias numerosas, jubilados, personas vulnerables, emprendedores o vecinos que han apostado por intentar rebajar los impuestos. Estoy hablando, en definitiva, de dinero. Del dinero de los vecinos.

El Gobierno de Pozuelo recuerda —con entusiasmo— que hay bonificaciones del 15% al 90% en el IBI para familias numerosas, del 50% para viviendas con protección, del 75% para vehículos menos contaminantes, del 95% para entidades sin ánimo de lucro, y hasta del 30% en la Tasa de Basuras para jubilados con rentas limitadas. Todo muy bonito sobre el papel. Pero si el acceso a esa información empieza por un teléfono falso, el mensaje real es otro: “búscate la vida, pringao”.

Este despropósito no es una anécdota. Es un síntoma. El síntoma de un Gobierno desbordado, mal coordinado y más preocupado por aparentar gestión que por gestionar de verdad. Un gobierno municipal que corre a vender bonificaciones mientras tropieza en lo más básico como es dar un teléfono correcto.

Paloma Tejero podrá seguir llenando Pozuelo de carteles, notas de prensa y anuncios triunfalistas. Pero mientras el vecino marque un número inexistente y nadie responda al otro lado, el mensaje será claro:

En Pozuelo, el caos no solo no es una forma de Gobierno sino que ese caos también se imprime.
Y se reparte.

Juan Manuel Sánchez