Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, admite en el documento enviado el pasado 7 de abril a los agentes sociales sobre la reforma parcial de las pensiones que uno de los objetivos de sus propuestas es «preservar el equilibrio financiero del sistema». En el documento, Seguridad Social propone entre otras cosas compatibilizar el sueldo con el 100% de la pensión a los trabajadores que retrasen su jubilación cinco años, lo que perjudica especialmente a los autónomos porque ahora ya pueden cobrar el 100% de la pensión desde el primer año si tienen un empleado a su cargo.

Los sindicatos también han criticado la propuesta de Seguridad Social porque supone recortar derechos de los trabajadores en su pensión, argumento que también han utilizado las patronales empresariales y los autónomos.

Esta propuesta, que busca en definitiva recortar el gasto en pensiones, se produjo unos días antes del demoledor informe de la Comisión Europea sobre la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno cuando José Luis Escrivá era el ministro. La Comisión advierte de que el gasto en pensiones será mucho mayor al que calcula el Gobierno en sus planes, llegará al 17,5% del PIB, por lo que pronostica que al superar el 15% del PIB se tendría que activar el mecanismo de ajuste incluido en la propia ley de Escrivá, lo que implica ajustes de casi 12.000 millones anuales en el gasto.

La cuestión de fondo es que ese mecanismo de ajuste se superará debido al incremento de los gastos por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el factor de sostenibilidad que aprobó el PP y ligar la subida de las pensiones al IPC, que provocó por ejemplo que en 2023 subieran un 8,5%.

Ante este incremento de gastos, los ingresos no serán suficientes pese a las subidas puestas en marcha por el Ejecutivo. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supuso un incremento de las cotizaciones -sustentado principalmente por los empresarios- para pagar las pensiones de los baby boomers. Pero Bruselas advierte de que no será suficiente.

Por eso, la ministra Saiz está buscando nuevas modificaciones en el sistema para gastar menos. La prueba es el documento enviado a los agentes sociales a primeros de abril en el que propone «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión».

«Nos dijeron que con la subida de las cotizaciones para las empresas que será del 1,2% a partir de 2029 ya era suficiente -el 1% lo pagará la empresa y el 0,2% el trabajador-. El Gobierno dijo eso, que con esa reforma ya estaba. Y ahora resulta que vuelven a proponer más cambios y más recortes. No los vamos a aceptar y así se lo hemos dicho», señalan fuentes de los agentes sociales.

Tanto UGT como CCOO también han rechazado públicamente las propuestas referidas al contrato de relevo propuestos por la ministra, que también supone recortar derechos de los trabajadores.

De momento, la ministra no ha citado a los agentes sociales a un nuevo encuentro, pero tendrá que hacer una propuesta alternativa si quiere tener el apoyo de los agentes sociales. El informe de la Comisión Europea también obliga a un replanteamiento al Gobierno sobre su actual política de incremento en el gasto en pensiones, que ya supera los 12.000 millones de euros mensuales.

(Gentileza de OkDiario-Carlos Ribagorda)

, ministra de Seguridad Social, admite en el documento enviado el pasado 7 de abril a los agentes sociales sobre la reforma parcial de las pensiones que uno de los objetivos de sus propuestas es «preservar el equilibrio financiero del sistema». En el documento, Seguridad Social propone entre otras cosas compatibilizar el sueldo con el 100% de la pensión a los trabajadores que retrasen su jubilación cinco años, lo que perjudica especialmente a los autónomos porque ahora ya pueden cobrar el 100% de la pensión desde el primer año si tienen un empleado a su cargo.

Los sindicatos también han criticado la propuesta de Seguridad Social porque supone recortar derechos de los trabajadores en su pensión, argumento que también han utilizado las patronales empresariales y los autónomos.

Esta propuesta, que busca en definitiva recortar el gasto en pensiones, se produjo unos días antes del demoledor informe de la Comisión Europea sobre la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno cuando José Luis Escrivá era el ministro. La Comisión advierte de que el gasto en pensiones será mucho mayor al que calcula el Gobierno en sus planes, llegará al 17,5% del PIB, por lo que pronostica que al superar el 15% del PIB se tendría que activar el mecanismo de ajuste incluido en la propia ley de Escrivá, lo que implica ajustes de casi 12.000 millones anuales en el gasto.

La cuestión de fondo es que ese mecanismo de ajuste se superará debido al incremento de los gastos por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el factor de sostenibilidad que aprobó el PP y ligar la subida de las pensiones al IPC, que provocó por ejemplo que en 2023 subieran un 8,5%.

Ante este incremento de gastos, los ingresos no serán suficientes pese a las subidas puestas en marcha por el Ejecutivo. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supuso un incremento de las cotizaciones -sustentado principalmente por los empresarios- para pagar las pensiones de los baby boomers. Pero Bruselas advierte de que no será suficiente.

Por eso, la ministra Saiz está buscando nuevas modificaciones en el sistema para gastar menos. La prueba es el documento enviado a los agentes sociales a primeros de abril en el que propone «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión».

«Nos dijeron que con la subida de las cotizaciones para las empresas que será del 1,2% a partir de 2029 ya era suficiente -el 1% lo pagará la empresa y el 0,2% el trabajador-. El Gobierno dijo eso, que con esa reforma ya estaba. Y ahora resulta que vuelven a proponer más cambios y más recortes. No los vamos a aceptar y así se lo hemos dicho», señalan fuentes de los agentes sociales.

Tanto UGT como CCOO también han rechazado públicamente las propuestas referidas al contrato de relevo propuestos por la ministra, que también supone recortar derechos de los trabajadores.

De momento, la ministra no ha citado a los agentes sociales a un nuevo encuentro, pero tendrá que hacer una propuesta alternativa si quiere tener el apoyo de los agentes sociales. El informe de la Comisión Europea también obliga a un replanteamiento al Gobierno sobre su actual política de incremento en el gasto en pensiones, que ya supera los 12.000 millones de euros mensuales.

(Gentileza de OkDiario-Carlos Ribagorda)