Las alegaciones que el Gobierno de Pozuelo ha presentado contra las medidas cautelares solicitadas por el ministerio de Migraciones y con las que trata de impedir el cierre definitivo del CREADE decretado por el consistorio han hecho pupa y, lógicamente, han respondido saliendo por la tangente…

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha negado que exista riesgo de hacinamiento en las instalaciones y sostiene que el centro funciona actualmente al 17% de su capacidad. O sea, el rábano por las hojas.

Y es que este dato del hacinamiento es un salir del paso porque no termina de responder a las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento de Pozuelo, centradas principalmente en la falta de licencias y en la adecuación legal del uso del centro.

Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, el CREADE alberga en la actualidad a unas 70 personas, en su mayoría familias ucranianas con protección temporal y varias mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo, hecho bastante cuestionable salvo que los ucranianos sean ahora personas de color…

Para comprobarlo solo hay que acercarse al edificio.

El Ministerio, lógicamente, insiste en que se trata de un centro de derivación y no de estancia permanente, lo que, a su juicio, desvirtúa el argumento municipal sobre el riesgo de hacinamiento. Pero este argumento de “centro de derivación” no es muy sólido desde el momento en que aseguran que la mayoría son familias ucranianas… Y estas llegaron haces varios años.

Pero ese, en cualquier caso, no es el problema. Lo grave es el incumplimiento de la normativa urbanística y administrativa. El hecho de que la ocupación sea reducida en este momento no resuelve la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que el CREADE no cuenta con las licencias necesarias para desarrollar su actividad conforme a la legislación vigente.

Conviene recordar que el centro fue abierto en marzo de 2022 para dar respuesta urgente a la llegada masiva de refugiados ucranianos, con una capacidad inicial de 400 plazas.

La actual reducción de la ocupación no elimina, por tanto, las dudas sobre la legalidad de su funcionamiento en etapas anteriores ni sobre su situación administrativa actual.

El Gobierno de Sánchez sostiene que la situación del centro no ha variado desde su apertura y recuerda que ha sido reconocido como modelo por organizaciones como ACNUR. Pero sí ha variado. Vaya si lo ha hecho.

También destaca la labor social que se desarrolla en el CREADE, donde las personas refugiadas son registradas, informadas y atendidas desde el punto de vista psicosocial antes de ser derivadas a otros recursos. Una función que nadie discute y que el propio Ayuntamiento ha reiterado que no cuestiona.

Sin embargo, desde el ámbito municipal se insiste en que la atención a personas vulnerables debe realizarse dentro del marco legal y con respeto a las competencias locales.

La ausencia de licencias no puede justificarse únicamente por el carácter social del recurso ni por su supuesta temporalidad, especialmente cuando el centro lleva casi tres años en funcionamiento.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado y la solicitud de medidas cautelares contra el cierre mantienen el asunto en manos de los tribunales, a la espera de una resolución judicial.

Mientras tanto, el caso del CREADE pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones y de explicaciones más claras que aporten seguridad jurídica tanto a los vecinos como a las instituciones implicadas.

Porque en un municipio como Pozuelo, la solidaridad y el cumplimiento de la ley no deberían presentarse como conceptos incompatibles sino como principios que deben avanzar de la mano.

Pero el Gobierno de Sánchez no está acostumbrado a eso…

Juan Manuel Sánchez