Pedro Sánchez ha convertido el palacio de La Mareta en su residencia habitual de vacaciones. Este inmueble, ubicado en Lanzarote, es propiedad de Patrimonio Nacional y fue un regalo del Rey Hussein I de Jordania a Juan Carlos I en 1989. Según ha podido saber El Debate, el presidente del Gobierno ha gastado 477.139 euros en este inmueble. Así lo demuestra la memoria anual del 2022 de Patrimonio Nacional y los contratos del Estado relativos a la seguridad y la limpieza de la zona residencial.

En cuanto al escrito oficial de Patrimonio sobre el 2023 «aún se está elaborando». El gasto concreto en La Mareta es el siguiente: 220.225 euros «en proyectos de eficiencia energética de las instalaciones» y 81.363 euros en un contrato de limpieza.

A esto se le suman tres acuerdos en materia de seguridad con un valor de 109.179; 14.909 y 51.463 euros. Estos escritos oficiales están centrados en la vigilancia y protección del presidente Sánchez y del palacio de La Mareta que tan solo tiene «cuatro empleados fijos» durante todo el año.

Este lujoso residencial cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados y está compuesto por diez bungalows donde se aloja tanto el jefe del Ejecutivo, su mujer Begoña Gómez, sus dos hijas y el resto de la delegación que le acompaña, incluyendo personal de servicio.

Su edificio principal cuenta con dos dormitorios, dos cuartos de baño, salón y varias zonas de descanso. Además, la propiedad tiene piscina privada, jardines de arena volcánica, helipuerto y canchas deportivas. La Mareta además tiene acceso directo a la playa.

El menosprecio al Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos vive una situación muy diferente a la de La Mareta. Fuentes cercanas al conjunto monumental han indicado a El Debate que «Patrimonio Nacional lleva varios años sin destinar ni un euro del presupuesto a este lugar».

En concreto, la entidad que está adscrita a Presidencia del Gobierno «retiró sus fondos desde el año 2021», así consta en las cuentas anuales de Patrimonio. Este medio ha consultado este escrito oficial en el que se detalla lo siguiente:

«La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 establece que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos funcionará de forma independiente desde el presente ejercicio, por lo tanto se han dado de baja los activos que Patrimonio Nacional tenía dados de alta».

El Estado ha retirado al conjunto monumental 968.234 euros que se destinaban al cuidado y mantenimiento de este lugar. Ahora es la propia Fundación del Valle quien se encarga de sufragar unos costes casi millonarios que deberían depender del Estado como el resto de monumentos de Patrimonio.

Su situación deplorable

La falta de recursos económicos y el desinterés por parte de Patrimonio ha provocado que el Valle de los Caídos tenga una situación crítica. Las goteras y humedades así lo demuestran, al igual que las bóvedas caídas. «Llevamos años y los arreglos están paralizados», señalan personas cercanas al conjunto monumental.

Desde el Valle indican que esta falta de atención se debe a un motivo fundamental: «Es un templo que el Gobierno quiere que se caiga y vaya perdiendo fuerza. Muestran un claro desinterés y lo que han hecho es politizarlo».

El desinterés es tal que las peticiones que hacen los monjes benedictinos pasan por alto. «No atienden absolutamente nada, solamente cuando hay una avería seria la afrontan y de malas maneras», indican estas mismas fuentes.

A este maltrato se le suma que Patrimonio Nacional lleva quince años impidiendo que los visitantes puedan acceder a la cruz del Valle por una obras inexistentes. «Tanto la fundación de la Santa Cruz y la entidad del Estado están perdiendo grandes beneficios porque no hay visitas».

El objetivo de Patrimonio Nacional y del Gobierno de Sánchez «es que el Valle pierda interés y que la gente no acuda a este enclave porque quieren que se caiga», relatan estas personas cercanas al conjunto.

(Gentileza de El Debate-Manuel Manahén García)