El texto de la Ley de Amnistía, el principal pago de Pedro Sánchez al separatismo para lograr la investidura, incluye una extensa exposición de motivos dedicada a justificar una norma que ha soliviantado al poder judicial y que sacó a la calle a decenas de miles de personas este fin de semana. En el texto se asume como propio el lenguaje del separatismo en torno al “conflicto político” catalán y defiende tanto que es constitucional como que no supone golpe alguno a la separación de poderes. Estas son algunas de las frases más llamativas para tratar de defender la legalidad de la norma:

El golpe del 1-O, “tensión institucional”: la amnistía incluye los “delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017”. Llama la atención cómo el texto describe lo ocurrido en estos años como “una serie de movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo” y cómo describe el golpe del 1-O como “una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la justicia”.

El Congreso y el “contexto”: dice la norma que tiene como objetivo “reafirmar” la “respuesta de la soberanía popular” al proceso independentista y destaca la “competencia y legitimidad” del Congreso “para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general”.

El Estado de Derecho, “reforzado”: mientras la calle denuncia el atropello y la humillación de esta ley de amnistía, el PSOE y sus socios defienden que en lo que en realidad hace es “reforzar el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis”.

Sin “invadir espacios”: los partidos niegan el golpe a la separación de poderes. Lo dicen de esta forma: “Al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político”.

El “interés general” y la “superación del conflicto”: dice el PSOE y quienes le apoyan que pretenden “excepcionar la aplicación de normas vigentes” al proceso separatista catalán “en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.

Justificando la “renuncia” a la ley por un “interés superior”: dice el texto, en respuesta a las múltiples voces de alarma, que “esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal”. “Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ius puniendi por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática.

“Una demostración de respeto a la ciudadanía”: los firmantes de una ley destinada a que Sánchez siga en el poder alegan que se trata de un paso “valiente y reconciliador” e incluso apuntan que es “una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”.

Derecho flexible: añade el texto que “los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento”.

Por la “igualdad”: la norma defiende su constitucionalidad fundamentándose en la de 1977 y en la de otros países y también defiende su respeto del “principio de igualdad”. El motivo, que “el ámbito de aplicación se identifica de forma objetiva y justificada, de acuerdo a valores constitucionales, y sin que arbitrariamente se excluyan de la misma supuestos con una identidad sustancial”.

La supuesta “constitucionalidad” de la ley: la Constitución es mencionada en numerosas ocasiones para argumentar que “la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española” y cita varias sentencias del Tribunal Constitucional para argumentar que se “ha venido sosteniendo la excepcionalidad” de esta norma “pero también su conformidad con el texto constitucional”.

(Gentileza de Libertad Digital)

Pero el gran Félix Bolaños piensa que es inconstitucional:

Bolaños, ahora mismo:

Es una Ley, que presenta el grupo socialista, absolutamente convencido de que es “impecable desde el punto de vista INCONSTITUCIONAL”.

Pues lleva razón…

JajajajajajajajajajaJajajajajajajajajaja pic.twitter.com/DFErx47WO3

— Joaquín Salcedo (@urkom6_jsf) November 13, 2023