La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo porque considera que «cambia radicalmente las reglas» y «boicotea el sistema de abastecimiento de agua».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha proclamado que este cambio no es más que un nuevo «ataque de Pedro Sánchez contra Madrid» y lo ha calificado como el «más mezquino» sufrido hasta ahora.

«Ahora Sánchez pretende que Madrid se rinda por sed. Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de madrileños», ha lanzado durante su intervención en un desayuno con el Círculo de Navarra.

Díaz Ayuso opina que este cambio en el Plan Hidrológico, aprobado a finales del pasado mes de enero, pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños, impide cumplir los requisitos de depuración y obstaculiza la planificación.

«Sánchez ha diseñado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo para sitiar la Comunidad de Madrid. Está utilizando el agua como arma política, para asediar a la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos», ha criticado.

La presidenta madrileña ha acusado a Sánchez de pretender con este cambio que «el agua de los madrileños dependa de unos permisos que ellos mismos autorizarían o denegarían mes a mes, arruinando cualquier capacidad de planificación» y ha recordado que el «Gobierno ha rechazado la inmensa mayoría de las alegaciones del Canal de Isabel II».

«Nos quieren dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos y sin instituciones. Nos quieren discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva», ha agregado.

En concreto, el recurso solicita la nulidad del apartado relativo al régimen de los caudales ecológicos; el que sujeta a autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Tajo la realización de movilizaciones de agua entre embalses de diferentes sistemas de explotación de la Demarcación; y el relativo a los vertidos de aguas residuales.

El objeto de impugnación no viene constituido por el Real Decreto 35/2023 en su conjunto sino por determinados artículos de la parte normativa del Plan del Tajo.

En lo relativo a la regulación de los caudales ecológicos, se expone que se fijan los valores pero «se hace de forma absolutamente injustificada y sin tomar en consideración la singularidad de las masas de agua a las que afectan».

«Pese a que el artículo 10 se refiera a los estudios realizados, ningún estudio o documento obrante en el expediente justifica el porqué de los valores asignados. Ni el texto del Plan ni su memoria, ni ningún otro documento justifican estos extremos», agrega el texto.