El Tribunal de Cuentas ha emplazado a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y a los anteriores ediles de su equipo investigados dentro del caso ITV para que comparezcan, lo que supone el inicio de los trámites para llevar a cabo un juicio contable de carácter civil.

En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el organismo fiscalizador acuerda abrir una pieza separada por este asunto e insta a las partes para que se personen en forma dentro del plazo común de los nueve días siguientes a esta notificación.

El procedimiento civil se lleva a cabo como consecuencia de las presuntas responsabilidades contables puestas de manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento de Móstoles relativas a la reducción y falta de cobro del canon adeudado por la empresa concesionaria ITV Móstoles S.L. al Consistorio.

La resolución se dicta después de que el tribunal solicitara a Posse y a otros siete ediles de su anterior equipo de gobierno que depositen 667.000 euros de manera solidaria por el caso ITV para evitar el embargo de bienes.

A Posse y su equipo se les investiga por «presuntas irregularidades contables» en el marco de este procedimiento para «la práctica de la liquidación provisional» hasta que haya un juicio.

En el informe, la delegada instructora concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018.

De ello, responsabiliza a los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron el acuerdo de 20 de octubre de 2020 denunciado por el interventor municipal.

El PSOE sostiene que no es cierto que «ese perjuicio contable se hubiese causado al Ayuntamiento por cuanto el acuerdo de octubre de 2020 quedó suspendido y no desplegó sus efectos jurídicos como se acredita en los informes del Ayuntamiento».

Procesamiento

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez que instruyó el denominado caso ITV que procediera a procesar a Noelia Posse, y a siete ediles de la anterior Junta de Gobierno al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

En la argumentación, aludía al «perjuicio causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Móstoles resulta obvio, al menos, partiendo de la simple comparación entre las condiciones iniciales del contrato de concesión demanial de fecha 6 de junio de 2011 con la mercantil querellada IRV Móstoles S.L.2».