Decir que las cuentas del Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón son un desastre no es nuevo. Como no es nuevo “el cacao maravillao” que tiene montado la inefable interventora municipal Carmenchu Miralles. Lo que es nuevo es que el Ayuntamiento no publique (salvo enero) el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) del año 2023, como manda el Ministerio de Hacienda, lo que es un síntoma claro del desastre económico que reina en él y una vergüenza para esta ciudad en la que tantos impuestos se pagan.

Desastre de los que son causantes directos Susana Pérez Quislant y Eduardo Oria.

Causa de la causa es causa del mal causado y Quislant y Oria son la causa de la causa Miralles. Ellos la trajeron de “aquella manera” a Pozuelo y, por lo tanto, son causa del mal causado por Carmenchu. Causado y consentido.

Pero, ¿qué es el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) y para qué sirve?

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introdujo este nuevo concepto para expresar el tiempo de pago de la deuda comercial y para hacer frente a la morosidad en las operaciones comerciales.

El PMP significa el plazo de media que transcurre desde que los proveedores entregan bienes o servicios prestados a una empresa o a una institución y el pago material de la operación por parte de la empresa o institución que ha recibido estos servicios.

Este ratio, contabilizado en días, es imprescindible y básico controlarlo desde cualquier departamento financiero de una empresa para la gestión de su tesorería y para el análisis de  su estado financiero, lo cual ha supuesto siempre un grave problema para las finanzas de autónomos y PYMES, que carecen del poder de negociación de las grandes empresas.

En cuanto al pago a proveedores del Sector Público, la ley de morosidad especifica que “la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”, estableciendo asimismo intereses de demora e indemnización en caso de incumplimiento, cosa que no se hace por miedo puro.

Sin embargo y desgraciadamente, la Ley no incluye un régimen sancionador, lo que significa que el plazo máximo de pago a proveedores en la práctica queda en papel mojado, como está quedando en el Ayuntamiento de Pozuelo. Pero sí es reputacional para este Ayuntamiento. Puro desprestigio.

En el Ayuntamiento de Pozuelo el problema ya es un escándalo. No es que no cumpla con los plazos establecidos en el pago a proveedores sino que ni siquiera los publica…

Solo lo hizo en enero:

Esto, no solo un escándalo, sino una vergüenza.

Y Paloma Tejero debería tenerlo en cuenta. El Gran Pozuelo de Alarcón no puede reírse de proveedores, Hacienda y, en definitiva, de todos los contribuyentes…

Y como parece que no tiene solución, lo único que le queda a la nueva alcaldesa es cesar a la interventora María del Carmen Miralles. A fin de cuentas, llegó mediante libre designación del puesto.

Y, lo mismo que llegó, se puede ir.

Amén.

El Capitán Possuelo