El último bodrio legislativo del sanchismo, la ley de vivienda, es el colofón de la escuela jurídica de los sueltavioladores, los castradores de adolescentes, los amigos de los golpistas,y los filoterroristas y los patrocinadores de los okupas y sus mafias. El texto aprobado por la coalición socialcomunista con el concurso de ERC y Bildu supone el fin de la propiedad privada como la entendíamos hasta ahora, el fin del contrato social formulado por Hobbes. El disparate es de proporciones tan colosales y dantescas que sólo saldrán beneficiados los ejecutores de las patadas en las puertas, los usurpadores de viviendas y los especuladores de la peor ralea.

Dicha ley atenta contra los principios básicos de la paz, el orden y la convivencia y sitúa a propietarios e inquilinos a los pies de los caballos, sujetos a una regulación que maniata a los jueces y da carta blanca a los okupas, para quienes todo son facilidades. A la contra, propietarios e inquilinos, el grueso de las clases medias y los jóvenes que aspiran a independizarse tendrán muchas menos posibilidades de sacar adelante sus proyectos de vida. El efecto inmediato, del que ya advierten juristas y expertos en el sector inmobiliario, será una retirada en masa de las viviendas en oferta de alquiler, el consecuente aumento de los precios de los alquileres y una oleada especulativa en las grandes ciudades.

Todos los conceptos acuñados en la nueva ley, las llamadas «zonas tensionadas», la reducción del número de viviendas en propiedad para ser considerado un «gran tenedor» (de diez a cinco viviendas) y los topes administrativos suponen un golpe en la línea de flotación del mercado de la vivienda en España. Quienes pretendan poner sus viviendas en alquiler se verán sometidos a una regulación de corte bolivariano que irá en detrimento, además, de quienes aspiren a alquilar una vivienda digna en condiciones igualmente dignas.

De este disparate de regulación sólo saldrán beneficiados los okupas y las mafias que asaltan pisos y los ponen en venta en un mercado negro que se nutre de las carencias económicas y la vulnerabilidad de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Y es que el Gobierno en lugar de hacer frente al drama de la okupación ha optado por legalizar la usurpación en lo que supone el atentado más grave contra la propiedad privada y el futuro de los españoles. El Ejecutivo ha tomado nota del problema de la vivienda en España y en vez de favorecer la construcción de pisos sociales, fomentar el alquiler, agilizar los trámites y combatir las okupaciones ha hecho todo lo contrario, legislar a favor de los delincuentes y sus mafias. El despropósito es indescriptible y tendrá consecuencias nefastas que el próximo Gobierno deberá abordar con la máxima celeridad y diligencia. Ahora mismo España es el paraíso de los okupas y un infierno que pone en serio riesgo la misma noción de la propiedad y la libertad y supone la derogación del Estado de derecho.

(Gentileza de El Debate)