Aplicar las restricciones de movilidad que suponen el cierre total de Madrid capital y otros ocho grandes municipios de su corona metropolitana no va a ser algo inmediato. Al menos, si puede evitarlo el Gobierno regional.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha expresado su intención de cumplir «todas las órdenes de manera estricta» porque «no está en rebeldía».

Pero también aplicará la ley para defender lo que cree mejor para los madrileños. Por eso, utilizará las herramientas que le da el Estado de Derecho para primero estudiar recursos contra la resolución con las medidas de Illa, y más tarde, si no le queda otro remedio, solicitar la autorización del TSJM para ponerlas en marcha. Todo ello retrasaría la entrada en vigor de las restricciones al menos hasta finales de la semana próxima.

El embrollo legal parece inacabable en este asunto, pero da una idea de hasta qué punto está el Gobierno regional dispuesto a enfrentarse a la máxima autoridad del país, el Gobierno de la nación, por entender que las medidas que proponen pueden abocar a Madrid a la ruina.

En la actualidad, según la resolución -que no es una orden ministerial, ni está firmada por el ministro- publicada hoy en el BOE, Madrid tiene 48 horas para trasponer las medidas a su propio ordenamiento, y publicarlas en su Boletín Oficial de la Comunidad (BOCAM).

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid está estudiando ya posibles recursos ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional contra esta resolución, que la región considera que «jurídicamente no es válida» porque no se adoptó por consenso, ya que al menos cinco comunidades autónomas votaron en contra de la misma.

No se descarta incluso la opción de solicitar medidas cautelarísimas, que podrían llegar a parar ese plazo de 48 horas.

En caso de que tengan que publicar la resolución en el BOCM el próximo sábado, inmediatamente se solicitaría autorización al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) antes de la puesta en marcha de las mismas, dado que afectan a derechos fundamentales.

Este es el mismo procedimiento que se ha seguido hasta ahora con las otras medidas y restricciones que se vienen aplicando en Madrid desde el 21 de septiembre, en diferentes áreas básicas de salud.

En esos casos, sin embargo, comenzaron a ponerse en marcha el mismo lunes en que se publicaron las respectivas órdenes de Sanidad en el BOCM.

En el Gobierno regional matizan que aunque se inició su aplicación, «estuvieron sin efectos legales» hasta que el TSJM dio su autorización, y por eso mismo no se pusieron multas a quienes se saltaban las restricciones de movilidad hasta ese momento.

De este modo, las medidas de «cierre» de Madrid no se aplicarían, al menos, hasta el final de la próxima semana, lo que da un margen apreciable a la Comunidad de Madrid para comprobar si, como defienden, las restricciones aplicadas hasta la fecha según el criterio regional -aplicadas sólo a algunas zonas- están dando frutos y se mejora la situación epidemiológica.

Millones de madrileños están esperando que se resuelva el entuerto legal entre instituciones para saber cómo va a ser su vida en las próximas semanas.