Las reformas del Código Penal introducidas por los grupos parlamentarios del Gobierno muestran de forma palmaria el propósito de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder con el sostén de quienes quieren destruir la democracia y el sistema de libertades de los españoles. Tras los indultos a los golpistas y la supresión del delito de sedición, llega el turno del manoseo de la malversación para favorecer a políticos delincuentes de toda condición y el asalto al Tribunal Constitucional (TC) para conformar una mayoría que avale todos los despropósitos de Sánchez, más los de golpistas y filoetarras que se jactan de mandar en España para destruir España.

La toma del Tribunal Constitucional se lleva a cabo a través de dos enmiendas que desarticulan los mecanismos de control que regían hasta ahora la elección de los magistrados. Por un lado, se desmantela el procedimiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ya no será necesaria una mayoría de tres quintos para designar a los nuevos miembros del TC. Por otro, se elimina el requisito de verificación de los nuevos magistrados a cargo del propio TC. Y todo ello en medio de amenazas nada veladas de cárcel a los miembros del CGPJ si presentan resistencia.

La primera enmienda desmonta parte de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. La segunda afecta a varios puntos de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. La operación no puede ser más burda, rastrera y obscena. Consumado el golpe al Poder Judicial en el Congreso, el exministro de Justicia que firmó los indultos, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, que presidió el Consejo de Garantías estatutarias de la Generalidad golpista, podrán ocupar plaza como magistrados del TC que debe garantizar el cumplimiento de los deseos de Sánchez y sus socios separatistas.

Y si el principal servicio a la causa golpista de Campos fue firmar los indultos, el de Díez fue emitir un informe «técnico» que avalaba los cambios legislativos de la Generalidad para prohibir que se imparta el más mínimo porcentaje de lengua española en la enseñanza obligatoria. Ese es el perfil. O mejor, el percal. Y con esos mimbres, convertida la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado de 2017 en papel mojado, y suprimidos y modificados a su gusto los delitos que se imputaron a los sediciosos, Sánchez da un paso más en un programa cuyos últimos objetivos son la demolición de España a través de consultas separatistas en Cataluña y el País Vasco y la abolición de la Monarquía Constitucional en favor de una república que el presidente del Gobierno debe percibir como más «luminosa» aún que la instaurada en 1931.

Los cambios en el Código Penal y los nombramientos de títeres del Gobierno en el Constitucional forman parte de un proyecto totalitario que dinamita la separación de poderes y plantea el control político de los jueces, la ilegalización de los partidos contrarios a los desmanes socialcomunistas y separatistas, la ocupación de los medios y el cierre de los que no se avengan a las reglas sanchistas, la impunidad para malversar en nombre de las causas de la izquierda y todo lo que haga falta para consagrar a Sánchez y a sus colegas como dueños y señores de los designios de unos españoles sin España y sin las más elementales garantías jurídicas y políticas. Les llaman reformas del Código Penal, pero se trata del derribo controlado por los enemigos de España de toda la arquitectura institucional de la democracia. Hasta ahora, el episodio más grave de la infausta legislatura. Pero habrá más y peores.

(Gentileza de Libertad Digital)