«Los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores. Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa». La afirmación vertida en Twitter por la número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha indignado a los letrados de todo el país.

La reacción no se ha hecho esperar y -además de las críticas individuales de todos aquellos juristas que se han sentido agraviados con las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad- el Colegio de la Abogacía de Madrid se ha pronunciado en respaldo de sus asociados «ante las declaraciones de responsables políticos criminalizando el ejercicio de la abogacía en función del delito de que se trate».

En una breve nota colgada, en la misma red social, desde la institución madrileña han reclamado «respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, donde todos los ciudadanos -sea cual fuere su condición- tienen derecho a la defensa, una de las grandes conquistas del Estado de Derecho».

«No es dable el derecho penal de autor, sino del hecho. Desconocer esto es preocupante, como lo es confundir la defensa profesional con la propaganda. Las declaraciones políticas, aun con la carga de excesos propios, no deben ir encaminadas a confundir a la opinión pública sobre cuestiones que afectan a derechos constitucionales. Rigor y seriedad», han pedido desde el ICAM.

La raíz de la cuestión nace en la reciente entrada en vigor de la denominada Ley del ‘sólo Sí es Sí’ que Irene Montero ha abanderado como una de las reformas ideológicas más relevantes de Podemos durante la presente legislatura.

La norma, que no contaba inicialmente con el visto bueno de sus principales socios de Gobierno, y llegó a provocar un enfrentamiento directo entre la titular de Igualdad y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, fue finalmente aprobada pese a la «baja calidad» en la técnica jurídica y a las advertencias de los expertos.

Muchos de ellos avisaron de que su planteamiento apresurado y la supresión de los tramos penales, en función de la graduación de los delitos contra la integridad sexual, abriría una vía de reclamación para que todos los agresores sexuales condenados en firme pudiesen beneficiarse de una «reducción en sus condenas».

La realidad es que las previsiones se han cumplido y, así las cosas, desde Igualdad no han encontrado una forma mejor para eludir la responsabilidad de su propio error que señalar a quienes en el ejercicio de «su línea de defensa» defienden a sus clientes. «Todos los ciudadanos tienen derecho a ser defendidos. Desconocer esto es preocupante. Confundir a la opinión pública, más», han afeado a Rodríguez Pam desde el ICAM.

Una colección de reproches

Desde primera hora de este miércoles, se han solapado las reacciones airadas de abogados y juristas en Twitter contra el polémico hilo de Rodríguez Pam. Tsevan Rabtan, en relación con la noticia de la que se hacía eco la secretaria de Estado de Igualdad, aseguraba que su «cliente no es presunto» sino que «ya está condenado en firme. Y he pedido que su pena se rebaje de 8 a 6 años. Y el tribunal ha admitido a trámite mi petición, pese a tratarse de ‘propaganda machista’ y le ha dado traslado al fiscal». «Sobre todo», ha añadido, «porque un profesional no puede permitirse el lujo de decir paridas. Ella sí puede. Total, no le va a pasar factura».

Solo a una persona con mentalidad totalitaria se le ocurre poner la diana en los «abogados … de los violadores» por el hecho de que hagan su trabajo. Un trabajo esencial en cualquier sociedad civilizada y sin el cual estaríamos perdidos.

— Tsevan Rabtan (@TsevanRabtan) October 19, 2022

En el mismo sentido que su compañero, de quien se ha hecho eco en su propio perfil personal, se ha pronunciado el penalista José María de Pablo que fue uno de los primeros en advertir del coladero en el que podía convertirse la Ley del ‘Sólo sí es sí’ cuando se conoció el texto íntegro presentado para su tramitación. Una de la «consecuencias» de la norma «es la rebaja de penas por los delitos sexuales más graves, y de las revisiones a la baja de condenas que se van a producir», señalaba antes del verano.

(Gentileza El Debate- María Jamardo)