En un Estado de derecho el fin no justifica los medios. Un fin tan loable como erradicar el terrorismo etarra jamás justificó negociar con criminales prófugos de la justicia u ofrecerles la impunidad a cambio del cese de sus crímenes. Menos aun justificó los secuestros o asesinatos de sospechosos terroristas como los perpetrados por los GAL.

Lo mismo sucede con otro objetivo no menos loable como es erradicar, o por lo menos reducir significativamente, el número de asesinatos de mujeres a manos de sus maridos, novios o excompañeros sentimentales: por encomiable que sea acabar con esta lacra, dicho objetivo no justifica socavar los fundamentos en los que se asienta todo Estado de derecho como son, entre otros, la presunción de inocencia o la no discriminación por razón de sexo.

Estos principios son, sin embargo, los que merma la mal llamada «Ley contra la Violencia de Género» al establecer distintas penas en función del sexo que tenga la víctima y el que tenga su agresor; o al permitir que la denuncia misma pueda ser utilizada como prueba testifical que, en algunos casos, es la única «prueba» de lo que se denuncia si la denunciante/testigo es mujer; o que permite adoptar distintas medidas cautelares en función exclusivamente del sexo del supuesto agresor y de la supuesta víctima; o que dispara, en casos de separación o de divorcio, la presentación de denuncias por malos tratos, denuncias que, en el 77% de los casos, acaban en la absolución de los condenados.

Sólo por estos motivos, la Ley de Violencia de Género debería ser inmediatamente derogada como lo que es: el mayor atentado legislativo contra los fundamentos del Estado de derecho que se haya promulgado en Europa en el último medio siglo.

Aun así, lo más bochornoso de esta pseudoley, que sólo satisface los contagiosos delirios ideológicos del feminismo más antiliberal y radical, es que cosecha, año tras año, un estrepitoso y luctuoso fracaso a la hora de reducir la lacra que dice combatir. Así, sólo en el mes de diciembre se han registrado ocho asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, lo que eleva a 46 el número de asesinadas en este año, a falta de confirmar otros dos casos; una cifra que, en cualquier caso, iguala a la de 2021 cuando todavía faltan unos días para que termine 2022.

Para colmo, el Ministerio de Igual da, reunido este miércoles en «gabinete de crisis» con los ministerios de Justicia e Interior, ha tenido la desfachatez de limitarse a hacer un llamamiento para «extremar la precaución»; eso, semanas después de que la ministra Irene Montero acusara al PP de fomentar la «cultura de la violación» precisamente por unas campañas publicitarias en Madrid y Galicia en la que se hacía un llamamiento a la precaución contra la sumisión química.

Así las cosas, y teniendo también presente el no menos vergonzoso resultado que ha cosechado ese otro engendro pseudojurídico que es la «Ley del sólo sí es sí», más nos valdría acabar con ese pesebre para correligionarias que constituye el Ministerio de Igual da, derogar las fracasadas pseudoleyes que nos ocupan y, en su lugar, endurecer las penas para la violación y para todo tipo de violencia doméstica y sin distinción alguna entre personas. Para vergüenza de nuestra clase política, sólo Vox hace suyo este imperativo de igualdad ante la Ley, propio de toda democracia liberal.

(Gentileza de Libertad Digital)