La utilidad del Ministerio de Igualdad está más en entredicho que nunca. La violencia física y sexual contra las mujeres no se reduce, a pesar de que el departamento que dirige la socialista Ana Redondo cuenta con más presupuesto que nunca: 573 millones. Un presupuesto que, tal y como ha quedado demostrado en las últimas semanas, se destina a actividades poco productivas organizadas a través de contratos a dedo. Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tampoco se están usando para lo que debieran, y algunas asociaciones feministas ya hablan, incluso, de presunta «malversación».

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres lleva meses remitiendo a Igualdad casos de desvió de fondos contra la violencia de género, y ya han documentado 119. En total, millones de euros que deberían ir a la prevención y a las víctimas, pero que terminan en carreras de tacones, charlas LGTB, talleres de maquillaje o pasos de peatones arcoíris, entre otras actividades ajenas al fin original.

Para las feministas clásicas, socialistas, este mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos, y señalan a la ministra Ana Redondo porque, aunque son los ayuntamientos quienes hacen el reparto, «es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado».

Despilfarro y contratos a dedo

Al supuesto desvío de los fondos se suma el despilfarro al que nos tiene acostumbrados el gabinete de Redondo, cuya última ocurrencia ha sido destinar 13.340 euros en estudiar la «brecha de género» en el uso de la bicicleta, y concluir así que «el 64% de las mujeres frente al 81% de los hombres utilizan la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos». Una práctica recurrente: encargar informes por un coste inferior a los 15.000 euros para poder adjudicar a dedo estos contratos.

Esta semana, para más inri, la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha quedado señalada por haberse beneficiado de 64 contratos adjudicados a dedo por distintos ayuntamientos socialistas a empresas que estaban a su nombre o al de su pareja. También por el amaño de dos concursos. Lejos de tratarse de un caso aislado de corrupción, el dinero de Igualdad no se está manejando correctamente.

Sin resultados

Y es que mientras se produce este despilfarro de dinero público, supuestas corruptelas mediante, el número de mujeres asesinadas sigue batiendo récords. Sólo el pasado fin de semana se registraron cinco víctimas mortales, 27 en lo que va de año. 2024 podría terminar cerca de los 58 asesinatos que se perpetraron en 2023, la cifra más alta desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, momento a partir del cual se ha destinado más y más dinero a Igualdad en balde.

Su dotación en los PGE de 2016 fue de 45 millones de euros. Una cifra que aumentó hasta los 51 millones al año siguiente y contó en 2018, 2019 y 2020 –debido a la prorrogación de las cuentas– con 181 millones anuales. La llegada de Irene Montero al Ministerio disparó la inversión en este gabinete: 459 en 2021 y 525 en 2022. Una cifra récord que volvió a dispararse en 2023, con 573 millones de los que ahora goza Ana Redondo, que no gusta como ministra ni a las feministas socialistas.

Y es que estas ven cómo el dinero que debería destinarse a las víctimas va a actos LGTBI, o cómo se suman y suman los casos de millones de dinero público destinados a campañas estrambóticas, como la que fomentaba la masturbación a los 60 años, y que costó 2.800.000 euros, o estudios absurdos, como el que concluye que las mujeres trans (esto es, las que han nacido con un sexo biológico masculino) sufren más la menstruación que las que nacen con cromosomas XX.

Mientras tanto, las agresiones sexuales con penetración se disparan (3.693 en 2023), los asesinatos de mujeres no se reducen (58 el año pasado y 27 en lo que va de año), y se insiste desde el gabinete en un discurso reduccionista que culpa al machismo sociológico y excluye muchas otras posibles causas. Es por todo esto que la utilidad del gabinete, cuya eliminación propuso hasta Alberto Núñez Feijóo en campaña electoral, cada día está más en entredicho.

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondarra)