La aprobación de la polémica Ley de Memoria Democrática con el apoyo de EH Bildu está levantando ampollas incluso en sectores vinculados con el PSOE. Según se conoce este lunes, varios exdirigentes socialistas han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la ley.

El pasado viernes se difundió un manifiesto por las redes sociales en contra de la nueva legislación impulsada desde el Gobierno y pactada con la izquierda ‘abertzale’. Algunas fuentes apuntaban a que el escrito había sido promovido por el entorno de Alfonso Guerra o los José María Múgica -que aparece en la lista de firmantes-, aunque también se ha señalado a la ‘Asociación de Defensa de los Valores de la Transición’.

Una de las peticiones de esta carta es el replanteamiento de estas normas en la tramitación parlamentaria que aún está pendiente.

Ahora se conoce que, entre los exdirigentes socialistas que apoyan dicho manifiesto y, por lo tanto, están en contra del pacto de Sánchez con EH Bildu, se encuentran los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda. ambos del PSOE.

Entre los firmantes de esta carta, también están, según ha podido saber ‘Vozpópuli’, históricos socialistas como José María Mohedano, ex diputado y ex secretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Luis Berenguer, ex diputado (UCD y PSOE), ex eurodiputado y expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia; y Carmela Garcia Moreno, ex diputada y ex senadora (UCD y PSOE).

Apoyan el documento, además, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; y exministros de Felipe González como Julián García Vargas (ex ministro de Sanidad y Defensa), Julián García Valverde (ex ministro de Sanidad) y Javier Sáenz de Cosculluela (ex ministro de Obras Publicas y ex presidente del Grupo Parlamentario Socialista).

Asimismo, están en contra de la nueva ley del líder del Ejecutivo Elena Flores (ex diputada, ex secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE) y el exdiputado socialista y actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.

Continúan en la lista el ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Pedro Bofill, el ex alcalde de A Coruña y ex diputado socialista Francisco Vázquez, el ex secretario general de la Presidencia del Gobierno socialista Rafael ‘Fali’ Delgado, el diputado constituyente socialista Juan Colino y la ex diputada, ex eurodiputada, ex secretaria de Comunicación de la Ejecutiva del PSOE, Ana Miranda de Lage.

Completan la lista de socialistas Alejandro Cercas, ex diputado, ex eurodiputado del PSOE, y ex miembro de la Ejecutiva Federal; Paulino Plata, ex consejero de la Junta de Andalucía; los exsenadores Juan Carracao y Francisco Moreno Franco; José Acosta, ex diputado; Pascual Marcos Sebastián, ex senador y ex presidente de la Diputación de Zaragoza; y Tomás Gómez Franco, ex alcalde de Parla.

Manifiesto contra la nueva Ley de Memoria

El documento carga duramente contra la ley por poner en cuestión el pacto constitucional de 1978. «No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica», reza el escrito.

También se denuncia uno de los puntos que más polémica se ha ocasionado tras la aprobación de la ley, que prevé investigar como «período sospechoso» hasta diciembre de 1983, una vez que ya se había celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas.

«La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución. Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia», señala el escrito.

Los que firman el documento, que no se han identificado, explican en el mismo que son personas de muy distinta procedencia y que se manifiestan en contra de esta legislación tras haberla examinado.

«Sentimos el deber cívico de manifestar nuestra oposición a la orientación que el proyecto ha tomado, y queremos trasladarla al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española».

«Concordia y convivencia»

En el documento se aclara que se apoya el objetivo de reivindicar la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior y que se quiere contribuir a superar la secuelas del conflicto mediante la promoción de la concordia y la convivencia.

«Apoyamos y respaldamos cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, así como las medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición», dice el texto.