El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este lunes en sesión extraordinaria  para buscar el máximo consenso ante la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que el Gobierno pretende devolver al órgano de los jueces la competencia de hacer nombramientos en funciones. La decisión del Ejecutivo corrige su propia reforma, que impedía al CGPJ hacer nombramientos estando en situación de interinidad, permitiéndole así designar únicamente a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional.

El Pleno del Consejo ha decidido rebajar su pretensión original de acudir a las instituciones comunitarias después de conocer la oferta del PP al PSOE para renovar el CGPJ si acepta una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) siguiendo las recomendaciones europeas y la propia voluntad de la inmensa mayoría de los jueces españoles.

Así, el CGPJ ha aprobado por diez votos a favor -entre los que se incluye el de su presidente Carlos Lesmes- por siete en contra y dos abstenciones la propuesta formulada por un grupo de ocho vocales de solicitar al Congreso de los Diputados que pida informe al Consejo de Europa sobre la reforma del PSOE para devolverle parcialmente su capacidad para hacer nombramientos.

La propuesta original abogaba por que el CGPJ se dirigiera directamente a la Comisión Europea para «informar» sobre la referida reforma y «solicitar al Congreso que, en relación con la misma iniciativa legislativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)».

Las fuentes consultadas por Europa Press han explicado se ha apostado por esta segunda opción porque acudir directamente a Bruselas carecía de sentido por cuanto se espera que en los próximos días el Ejecutivo comunitario dé a conocer su informe sobre el Estado de Derecho en España y vuelva a reprochar a nuestro país la situación del CGPJ, que lleva más de tres años en funciones.

Además, las mismas fuentes apuntan que el Pleno ha decidido, por 16 votos a favor, remitir al Congreso y al Senado el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo donde expresa su honda preocupación porque la falta de renovación del CGPJ y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales están creando una situación «insostenible» en el alto tribunal.

La Constitución en su artículo 159  establece que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres», por lo que sin los nombramientos del CGPJ, no sería posible al Gobierno realizar los que le corresponden, impidiendo el cambio pretendido por Sánchez en el tribunal de garantías.

Las conversaciones entre los vocales se han desarrollado hasta el último momento  en la búsqueda de un consenso que permitiera reforzar la posición del órgano de gobierno de los jueces, entre los que existe un profundo malestar por la indisimulada voluntad de Sánchez de dar la vuelta a la correlación ideológica en el Tribunal Constitucional, sin el más mínimo respeto «al menos a las formas» institucionales en la relación entre dos  poderes del Estado.

(Gentileza de OKDiario)