El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la Segunda República. Muchos quisieron ver en el nuevo régimen una oportunidad para el progreso, los derechos y las libertades. La monarquía de Alfonso XIII había fracasado en su intento de pilotar un proceso de transición hacia el modelo de la Restauración.

Pero su recuerdo se asociaba al caciquismo, las redes clientelares y la falsedad electoral.

Ante la nueva situación todo parecía diferente. Para muchos liberales que ahora abogaban por el republicanismo, se abría una era de modernidad. Fueron unas primeras semanas de acalorados debates políticos en las que se pusieron sobre el tapete cuestiones que preocupaban a los españoles: la laicidad del Estado, el derecho al voto a la mujer y los Estatutos de autonomía.

Cuestiones polémicas que ya en el hemiciclo hicieron intuir un clima de efervescencia y división entre la ciudadanía.

El 9 de diciembre de 1931 se aprobaba la Constitución que reconocía a España como «una República democrática de trabajadores de toda clase» pero además de estos puntos, en el artículo 34 se reconocía la libertad de prensa: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión», decía.

Algunos pensaron que en adelante no se vigilarían los periódicos y que atrás quedaba el lápiz rojo que tanto había marcado el clima de opinión de la Dictadura de Primo de Rivera. Pero se equivocaron.

Suspensión y censura de periódicos

Durante la Segunda República se suspendieron diarios y los periódicos tuvieron que someterse a la censura previa.

La Ley de Defensa de la República de 21 de octubre del 31 y la Ley de Orden Público, aprobada el 28 de julio de 1933 así lo permitían.

Fueron los instrumentos utilizados por el nuevo régimen para limitar la cacareada libertad de expresión. Tras la primera «quema de conventos» de mayo del 31, diarios como el ABC no solo fueron atacados por las hordas incendiarias, sino que tuvieron que dejar de publicarse durante largos meses.

Lo mismo le ocurrió a casi un centenar de publicaciones editadas en el norte del país acusadas de conspiración contra el modelo de Estado.

Pero fue durante el Primer Bienio, de corte republicano-socialista, cuando al amparo de la Ley de Defensa de la República se suspendieron títulos como El Debate o periódicos que, en una interpretación laxa, hubiesen respaldado el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932.

Sin embargo, con el acceso de Lerroux al poder tras las elecciones de noviembre de 1933 y la formación del gabinete radical-cedista, la cosa no cambió.

Resguardados por la Ley de Orden Público, que tipificaba una serie de estados de «alteración» en los que era posible restringir las libertades, el Gobierno aplicó las políticas restrictivas derivadas del estado de Guerra que tuvo que declararse tras la Revolución de octubre de 1934: la prensa obrera fue suspendida, el diario El Socialista desapareció durante más de un año y toda la prensa, de cualquier signo ideológico, se vio sometida a censura. Así hasta que se abrió la campaña electoral de cara a las elecciones de febrero de 1936, las que darían la victoria al Frente Popular.

Con la llegada al poder de la coalición de izquierdas, la violencia social y las alteraciones del orden público fueron tales que de nuevo se activaron los mecanismos previstos para limitar las libertades. El monárquico La Nación resultó incendiado en marzo de 1936 y las publicaciones anarquistas y falangistas, tuvieron que pasar a la clandestinidad. No es extraño encontrar en esos meses planas de periódicos completamente en blanco o remarcadas con el consabido «visado por la censura».

¿Era eso libertad de prensa?

El clima de inestabilidad política y la incompetencia de los diferentes gobiernos para remediar los desmanes, los problemas en el campo y la aprobación de medidas como la Ley de Amnistía, llevaron a una situación tan crítica que desencadenó el inicio de una Guerra Civil.

Los asesinatos del teniente José Castillo y el líder de la posición monárquica José Calvo Sotelo fueron el detonante para el inicio de un golpe militar.

El 19 de julio de 1936 la prensa madrileña fue incautada por elementos afectos al Frente Popular.

En toda España, nacional y republicana, se aplicaron las medidas de excepcionalidad que cercenaban una libertad de prensa que, aunque recogida en la Constitución, jamás se había llegado a cumplir.

(Gentileza de El Debate)