Resulta sorprendente que algunos medios de comunicación sectarios y el sectarismo de la ultraizquierda madrileño (ya son los mismo PSOE que Unidas Podemos que Más Madrid) critiquen al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y a la presidenta de la Comunidad de Madrid y los califiquen de políticos corruptos, malversadores de dinero público, imputados judicialmente, a punto de ser juzgados… Cosa que, por ahora, está muy lejos de ser posible…

Ninguno de los dos está imputado, ni ellos ni nadie de su equipo, ni parece haber indicios de que hayan cometido ningún hecho delictivo en el proceso de compra de material sanitario al amparo de los contratos de emergencia durante los primeros meses de la pandemia.

Pero da igual. Tienen que dimitir porque lo dice esa ultraizquierda que se considera moralmente superior… Una  superioridad moral que se arrogan, se supone que por la gracia de Francisco Largo Caballero y Santiago Carrillo, dos personajes del inframundo comunista.

Pero, ay amigo, esa ultraizquierda se olvida de que el presidente y la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig y Mónica Oltra. Incluso, los considera inocentes de todos los cargos de los que se les acusa. Y eso que sus asuntos, de los que están imputados, son de índole gravísimo.

Ximo Puig (PSOE-PSPV) está presuntamente metido en una trama de subvenciones públicas de la Generalidad valenciana por él presidida en la que estarían implicados dos de sus hermanos, su cuñada y su propio hijo, que fue contratado como “redactor de turismo” en una de las empresas del “primer” hermano, Francis Puig, gracias a una de las subvenciones bajo sospecha.

Puig, como no podía ser de otra forma, siempre ha sostenido que él no tiene nada que ver con los negocios de su hermano y que, incluso, lo de la contratación de su hijo con una subvención dada por la administración que preside fue totalmente legal.

Será la justicia la que dicte sentencia, pero mientras tanto estaría bien que la izquierda mediática, que respeta la presunción de inocencia de Ximo Puig y su familia, hiciese lo mismo con la de Ayuso y su hermano.

Por cierto, al hermano del presidente valenciano está imputado y citado por el juez para el próximo 23 de mayo por la captación, presuntamente irregular, de subvenciones entre los años 2015 y 2018, justo cuando accedió a la presidencia de la Generalidad valenciana Ximo Puig.

Mónica Oltra, por su parte, está metida en un caso mucho más escandaloso y su posible imputación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya está pedida por el juez instructor. La vicepresidenta valencia (Compromís)  vendría determinada por el presunto encubrimiento de los abusos que su marido (ahora exmarido) cometió contra una menor tutelada por la Consejería de la que Oltra era titular.

Pese a que el juez ha pedido que sea imputada y afirma en el auto que “existen indicios racionales y sólidos de la participación de Mónica Oltra” en el encubrimiento de los abusos sexuales de su marido a la menor de 14 años tutelada por su Consejería, a la vicepresidenta valenciana ni se le ha pasado por la cabeza dimitir, ni a Ximo Puig cesarla.

Por supuesto, en su partido, Compromís, la apoyan y denuncian que todo es fruto de una cacería de la extrema derecha. Un clásico.

Podría pensarse que el diferente trato dispensado a políticos madrileños y valencianos sería por el efecto capitalidad: lo que ocurre en Madrid tiene mucha más repercusión, es lógico que así sea, te dirán.

Y eso es todo.

Una vergüenza más de una izquierda echada al monte…

Pepero Pozuelero