Catorce intentos de acciones judiciales contra la presidenta madrileña en dos años y medio de Gobierno. Once intentos de tumbar judicialmente a Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias en la etapa más dura del COVID; otra más por supuesto tráfico de influencias en Avalmadrid; una adicional por el uso de un apartamento cuando se contagió de coronavirus; y, por último, el intento de culpar a la presidenta regional de una supuesto alzamiento de bienes con bienes de sus padres. Catorce acciones que han perseguido tumbar a Díaz Ayuso y que han chocado contra la cuerdas de una Justicia que no ha dejado de recordar la ausencia de “indicio alguno”, como acaba de ocurrir con el caso del falso alzamiento de bienes.

Todo un bautismo de fuego. Así ha sido el recibimiento de la izquierda a Díaz Ayuso. Y es que, desde que el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dijo aquello de que había que conseguir una imputación a Díaz Ayuso, los intentos no han cesado. En concreto, a raíz de una querella o denuncia cada dos meses.

Junio de 2020. José Manuel Franco era por aquel entonces el líder del PSOE de Madrid y delegado del Gobierno. Y en una videoconferencia interna con miembros de su partido desveló el plan para echar a Ayuso de la Presidencia de la Comunidad. La hoja de ruta pasaba por utilizar una imputación judicial para presionar a Ciudadanos para que rompiera con el Partido Popular bajo un supuesto argumento de regeneración democrática. Así lo dijo en público a lo largo de un encuentro telemático organizado por el PSOE de Galapagar. Ahí explicó que si, por ejemplo, «Ayuso es imputada por cohecho impropio por el tema del apartamento, habrá que conseguir que Ciudadanos apoye una moción de censura».

La sintonía con Ignacio Aguado era tan obvia que, de hecho, Díaz Ayuso tuvo que anticipar una convocatoria acelerada de elecciones para evitar que la moción avanzase y la expulsase de la Presidencia sin contar con las urnas.

Franco expuso en aquella charla más detalles del pensamiento socialista: «Tienen que notar nuestro aliento. Os pido que seáis más activos en redes sociales». «Vamos a seguir explotando el tema de las residencias. Tenemos que seguir explorando las contradicciones entre los consejeros de Ayuso. Entendedme, tenemos que retorcer el tema de las residencias y que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la nación porque las competencias son autonómicas», afirmó abiertamente.

Pues bien, nadie podrá decir que las huestes socialistas no son obedientes. Porque han caído once denuncias o querellas por la gestión de las residencias en la peor etapa del COVID. Las once rechazas por la Justicia, eso sí. Pero la izquierda ha identificado a la que considera su enemiga. A la que quiere echar a toda costa, aunque no deje de subir en las encuestas.

Porque, a fin de cuentas, la izquierda sabe que el discurso de Díaz Ayuso no sólo afianza una plaza política: levanta una bandera. Y eso les hace más daño político que cualquier derrota local.