La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso carga contra la prohibición del despido del Gobierno: “La empresa cerrará al completo y los despidos serán masivos”
La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el Gobierno de España por prohibir los despidos que aleguen causas relacionadas con el COVID-19, una medida que a su juicio es “ilegal” y provocará que las empresas cierren “al completo” y con ello “despidos masivos”.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado a través de Twitter la decisión de no permitir despidos que alejen causas relacionadas con el coronavirus y controlar más las causas alegadas en los miles de ERTE aplicados estas semanas con sanciones para las empresas que hagan un mal uso.
“Sin diálogo social, de manera ilegal y atacando a la libertad de empresa, el Gobierno decide prohibir el despido”, ha criticado la dirigente ‘popular’ que cree que el resultado será que “en lugar de despidos, la empresa cerrará al completo”.
Y subraya: “En lugar de despidos habrá despidos masivos. Los empresarios son la clave de la recuperación”.
El Gobierno ha decretado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que tengan como causa la crisis del coronavirus y la modalidad de fuerza mayor no podrán extenderse más allá de lo que dure el estado de alarma.
Además, se prohíben los despidos objetivos que aludan “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción” por el COVID-19 como justificación y si se acometen serán a priori improcedentes.
Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha criticado este sábado el acuerdo del Gobierno de prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción: lo considera una “decisión precipitada, gravísima, unilateral e injustificada, de dudosa constitucionalidad que atenta la libertad de empresa”.
“Las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, suponen una ruptura de principios básicos de nuestro Ordenamiento, que torpedean la línea de flotación de las empresas en un momento crucial”, ha reprochado la patronal en un comunicado.
Cree que las medidas contravienen el principio de libertad de empresa y lamenta que “se está estableciendo una limitación inusitada de los poderes y facultades empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo”.