La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso inicia la batalla política contra la Ley Celaá anunciando en la Asamblea madrileña que presentará su propia ley donde «sin fisuras» se defienda la enseñanza concertada en general y, sobre todo, la educación especial. La jefa del Ejecutivo regional abre así un nuevo frente con el Gobierno Central, y entra de lleno en el debate social abierto sobre el futuro cierre de estos colegios destinados a niños con diferentes capacidades.

La presidenta respondía a una pregunta de la diputada popular Ana Camins sobre el impacto en Madrid de la reforma de la ley educativa, conocida como Ley Celaá, y que se está tramitando en la actualidad por parte del Gobierno Central.

La posibilidad de que la aplicación de esta ley deje fuera de juego a los colegios concertados, y provoque el cierre de los centros de educación especial, ha provocado un tremendo enfado en asociaciones de padres de niños con diferentes capacidades. Muchos de ellos entienden como un ataque a su libertad de elección el hecho de que la nueva ley anteponga la integración en centros ordinarios a niños con especiales necesidades educativas.

«Es increíble que tengamos que llegar a este extremo, que padres con hijos con discapacidad nos rueguen por ley que protejamos los colegios. Pues en esa batalla también nos verán», ha afirmado Ayuso.

A juicio de la presidenta madrileña, la ley educativa pretende «acabar con la libertad de las familias que tienen hijos con algún tipo de discapacidad a elegir la educación que quieren para sus hijos». No está de acuerdo en este intento de «inclusión falsa y maniquea que no se consigue siempre para todos los niños de la misma manera».