La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid María Isabel Durantez ha acordado el sobreseimiento provisional de las denuncias seguidas por el delito de amenazas contra la directora general de la Guardia Civil María Gámez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

La magistrada adopta esta decisión porque de las gestiones llevadas a cabo durante la investigación no se derivan datos para la identificación de las personas responsables.

Antes y tras haber realizado una investigación interna, Correos culpó a la empresa subcontratada responsable de la calificación y escaneo de la correspondencia de lo sucedido. Una empresa a la que notificaba la apertura de un expediente por lo que está tipificado como un “incumplimiento muy grave” y el apercibimiento “más severo”, por “el daño a la imagen, al prestigio y al buen nombre” de Correos.

Al mismo tiempo la empresa pública exigió la “retirada inmediata” del servicio del vigilante de seguridad que no detectó en el escáner las tres misivas con proyectiles. En un escrito señalaba que había recuperado las imágenes grabadas en sus equipos de inspección, instalados en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid en el distrito de Vallecas, y que se había comprobado que los tres sobres anteriormente citados fueron matasellados e inspeccionados el día 19 de abril a las 17.48 horas, sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos.

En definitiva, que aquellas cartas amenazantes que recibieron esas autoridades, siguen teniendo un gran tufo a montaje político.

Y es que las amenazas justamente ‘aparecieron’ en la campaña electoral madrileña cuando resultaba evidente la victoria de Isabel Díaz Ayuso.

La investigación de la Policía Nacional (bajo las órdenes de Fernando Grande-Marlaska) no ha llegado a buen puerto y los agentes han sido incapaces de dar con ningún sospechoso de haber enviado las misivas al propio Grande-Markaska, Pablo Iglesias y María Gámez.

En este sentido, se ha archivado la investigación y sin que exista ningún sospechoso de las amenazas a las figuras del Gobierno. El carpetazo es provisional, ya que cabe recurso.

Se da la circunstancia de que dos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid (en el que ha recaído la denuncia presentada por VOX) encargase a la Policía de Marlaska la investigación del envío de sobres con balas, los agentes le han respondido que no sabían nada de dicho encargo porque el fax estaba averiado.

Obviamente, este «fallo» ha impedido que, según los propios investigadores, no se haya podido avanzar en la investigación dos meses después sobre los autores de ese supuesto tan grave como el de amenazar de muerte a ministros del Gobierno.

Pero es llamativo que los miembros de Podemos y PSOE, que se dedicaron a hacer campaña político-electoral con estos sucesos y los mediatizaron, ahora hayan optado por silenciarlo unos meses después. Nada se sabe sobre quién envió estos sobres con balas en el interior.

Sin guerracivilismo, las izquierdas no son nada.