La Comunidad de Madrid ha remitido una relación de alrededor de 200 contratos suscritos entre 2009 y 2013 que incluían una cláusula que obligaba a las empresas adjudicataria a abonar hasta un 1% del presupuesto total a gastos de publicidad.

Dicho dinero presuntamente servía para financiar irregularmente campañas del PP, tal y como investiga la Audiencia Nacional en el marco de la ‘operación Púnica’, por la cual está imputada la ex presidenta regional Esperanza Aguirre.

Sin embargo, en la documentación remitida por el Gobierno autonómico, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por IU, se precisa que «no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas» que confirmen la existencia de dichos pagos. Así, no quedaría acreditada la financiación de la presunta caja b del partido por esta vía.

En la citada relación de contratos, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso también EL MUNDO, figuran en torno a dos centenares de obras encargadas por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda durante los mandatos tanto de Aguirre como de su sucesor en la Puerta del Sol, Ignacio González. Allí figuran desde reformas de paradas de autobús hasta arreglo de carreteras, pasando por varias dotaciones para Metro, como la instalación de ascensores, escaleras mecánicas y máquinas expendedoras.

Todas las adjudicaciones van acompañadas de la siguiente cláusula: «Igualmente corresponderán al contratista los gastos de comunicación e información del contrato, confección de vídeos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa y realización de actos de inicio y fin de los trabajos, así como visitas de las mismas de conformidad con los planes de información establecidos al efecto por la Administración, hasta un máximo del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto».

En respuesta a la petición de información formulada por la diputad de IU Sol Sánchez, la Comunidad de Madrid adjunta la relación de contrato.

«En cuanto a las facturas, se informa de que consultados los datos obrantes en dicha Consejería, no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran la cláusula con el texto que se indica en el literal de la iniciativa ni cualquier otra que obligara al contratista a realizar gastos similares a los contenidos en dicha cláusula», precisa en su respuesta el Gobierno regional.

En todo caso dichos contratos tampoco se encuentran incluidos en la causa que instruye el juez a Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre el plan que, presuntamente, diseñó la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y máxima responsable del PP madrileño entre 2004 y 2016 para desviar fondos públicos al pago de los gastos realizados por esta formación en las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.