La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha solicitado 23 meses de prisión para la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, por su participación en unos altercados contra la Policía Municipal durante un desahucio en 2014 en el barrio de Lavapiés y en los que dos agentes resultaron heridos.

El Ministerio Público imputa a la parlamentaria los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños. Para los agentes afectados, solicita 5.240 euros en concepto de indemnización.

Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2014 entre las calles Mesón de Paredes y Tribulete de Madrid, donde los agentes de la Policía Nacional y Municipal habían formado un cordón de seguridad para acompañar a la Comisión Judicial, que iba a ejecutar un desahucio. Según la Fiscalía, a primera hora a la mañana un grupo de unas 50 personas que decían pertenecer a la plataforma Stop Desahucios increparon a los agentes con gritos, insultos y empujones.

Al mediodía, ejecutado ya el desahucio, Isabel Serra, que “realizaba funciones de liderazgo de los grupos de protesta, según la Fiscalía, impidió junto al resto de manifestantes que los coches policiales abandonaran el lugar sentándose en el suelo , “violentamente” comenzaron a insultarles con frases como “hijos de puta”, “asesinos” o “vergüenza me daría ser policía”.

Además, escupieron a los agentes y les lanzaron botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas y papeleras, resultando dos de ellos heridos. También llegaron a abrir un portón de la furgoneta en marcha causando daños a dos vehículos policiales.

La propia Isabel Serra llegó a gritar a una agente “eres una cocainómana”, “mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros”, según consta en el escrito de acusación.

La fecha para la celebración de la vista oral está pendiente, aunque en el caso de una eventual condena, la ejecución del ingreso en prisión podría suspenderse al no superar la petición los dos años, una circunstancia que se da por las “dilaciones indebidas” en la investigación de la causa.