Alberto Sánchez es un joven de mi Puebla de San Medel natal (32 habitantes en 2017) que inicialmente estudió Gestión y Administración de Empresas y como le gusta el saber después cursó Ciencias Políticas. Por este último estudio optó por dedicarse a la administración pública en lugar de hacerlo a la empresa privada. Se preparó y opositó a funcionario de prisiones.

Habían salido 600 vacantes y en un primer examen quedó en el lugar 438. No pudo continuar con la oposición porque hace un par de años su páncreas dejó de funcionar adecuadamente y desde entonces sufre diabetes (que hoy tiene perfectamente controlada) y por lo visto esa enfermedad es una causa excluyente para determinados empleos públicos.

Aunque las estadísticas varían, el número de diabéticos en España oscila entre los cuatro y los seis millones de personas. ¿Qué hace el gobierno del reino por ellas? Poco o nada.

Alberto expuso su queja ante el Defensor del Pueblo. La oficina de éste en escrito de 29 de mayo de 2018 le informó de las gestiones que en beneficio de los diabéticos llevaba haciendo ante las autoridades administrativas y le daba a entender, aunque sin decirlo así, que los mandamases pasaban de todo y que no le hacían ni pu…ñetero caso.

Ante esa desidia, esa dejadez e incluso ese desprecio por parte de los gobiernos para ese tipo de enfermos se nos ocurren varias preguntas:

– Si un funcionario público enferma de diabetes ¿ha de ser despedido? La respuesta es: no, porque puede seguir desempeñando su función perfectamente. Nueva pregunta: entonces ¿por qué no se le autoriza a Alberto, y a los otros miles de posibles albertos, a intentar ingresar en la función pública?

– Si un diabético no puede ejercer determinadas funciones públicas ¿por qué hay diputados y senadores que padecen ese mal y no se les impide ocupar dichos empleos? Acaso sea porque para ser diputado y peón de cualquier cosa no hace falta cualificación profesional alguna.

– Otra pregunta: si a los diabéticos se les impide ejercer algunas funciones públicas ¿de que vivirán? ¿de la mendicidad? ¿tendrán que hacerse inmigrantes subsaharianos para recibir ayuda estatal? O puede que lo mejor para ellos sea hacerse politiqueros (profesionales de la política).

Si con frecuencia siento menosprecio (que no desprecio) por los politiqueros, ante casos como el de los miles de posibles albertos no creo que ningún politiquero se enfade si le digo que no sirve o que sirve poco y mal.

Domingo Domené