Casi 11 años después de su derrota y exilio, el General Joaquín Baldomero Fernández Espartero volvía a ser llamado por la Reina a formar gobierno. Estaba retirado  en Logroño. Tenía 62 años, estaba avejentado y no tenía el prestigio de cuando fue nombrado Presidente por primera vez, en 1840.  Para la aceptación del nombramiento puso una seria de condiciones que fueron admitidas por la Reina, entre las que  se encontraban: la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, que la Reina Madre respondiera por la corrupción y que la Reina publicase un Manifiesto reconociendo los errores cometidos.

Nombrado Presidente del Consejo de Ministros el día 19 de julio de 1854, se decidió que el Duque de Rivas siguiera interinamente como Presidente hasta la llegada a Madrid de Espartero.

Al día siguiente la Reina llamó a Evaristo San Miguel, como jefe de la Junta de Salvación. A la reunión acudieron, además, los embajadores inglés y francés. En dicha reunión se nombró a Evaristo San Miguel Capitán General de Castilla y Ministro de la Guerra.

El día 21, Pi i Margall del partido democrático,  publicó un Manifiesto en defensa de los principios demócratas: sufragio universal, soberanía de los ciudadanos, libertad de enseñanza, reunión y asociación y una nueva Constitución que garantizase éstos principios.

El día 26, la Reina y San Miguel acordaron la aceptación de las condiciones puestas por Espartero para aceptar el nombramiento, la Reina publicó el Manifiesto exigido  y se nombró como Ministro de la Guerra al General O´Donnell.

Dos días más tarde el General Espartero entraba en Madrid aclamado por la multitud.

A pesar del nombramiento de Espartero no se retiraron las barricadas, solo la llegada de Espartero  y la detención del Comité Central del Partido demócrata acabó con las Juntas y las barricadas.

El 30 de julio, Espartero formó  el Gobierno que se configuraba como un gobierno de alianza entre progresistas y moderados, daba comienzo a la etapa que  se llamó Bienio Progresista.

En agosto se pidió una investigación parlamentaría sobre el origen de la fortuna de la Reina Madre María Cristina. Para evitar el escándalo, el Gobierno aconsejo su salida de España. Fue expulsada a Francia donde permaneció el resto de su vida, solo volvió a España cuando su nieto, Alfonso XII, ocupó el trono  y después de que aceptase ciertas limitaciones. El desprestigio de la Corona fue inevitable. Con su destierro se acabó la nefasta influencia que ejercía sobre su hija, la Reina Isabel II.

Por Real Decreto de 11 de Agosto de 1854, la Reina convocó elecciones a Cortes  Constituyentes, aunque ésta última característica no figuraba en el decreto de convocatoria,  para celébralas los días 4,5 y 6 de octubre del mismo año. El periodo de sesiones comenzaría el 8 de noviembre.

Para las elecciones, O´Donnell formó una nueva fuerza política, La Unión Liberal. Juntó a algunos políticos moderados y progresistas con la idea de unificarlos en un solo partido centrista.

Mientras tanto Espartero y su Ministro de defensa, O´Donnell, se dedicaron a sofocar el resto de la revolución con todo vigor.

Durante los días de las barricadas, se fundó, por el Conde de las Navas, el Círculo de la Unión para hacer difusión de las ideas demócratas y conseguir una insurrección definitiva. Los demócratas estuvieron siempre en contra del Gobierno formado por Espartero y O´Donnell. Los Círculos fueron clausurados en agosto de 1854.

Para poder presentarse a las elecciones, los demócratas se constituyeron como un partido político el 26 de noviembre.

En la sesión de apertura de las nuevas Cortes Constituyentes, así entendidas por los electores y por el Gobierno,  asistieron 349 diputados. La mayoría la formaban  240 diputados gubernamentales entre progresistas  y los moderados de la Unión Liberal. Los grupos de la oposición lograron: unos 20 diputados los moderados puros no integrados en unión liberal, otros tantos los demócratas y unos 60 diputados progresistas puros no integrados. Entre las personalidades con futuro elegidos como diputados estaban: Estanislao Figueras, Antonio Cánovas del Castillo, Práxedes Mateo Sagasta y algún otro sobre los que escribiremos mucho en el futuro.

Como Presidente del Congreso se eligió a Pascual Madoz.  El 11 de noviembre se  formó la correspondiente Comisión  Constituyente para prepara el nuevo texto constitucional. Se redactaron, inicialmente, unas bases para ser sometidas a discusión previa al texto por todos los grupos de la Cámara y las discrepancias  se reflejaron en  votos particulares.

El día 23 de enero del año siguiente, el borrador estuvo listo y empezó su tramitación y discusión en las Cortes. Se estuvo discutiendo durante todo el año 1855 hasta la aprobación del texto constitucional en enero de 1856. En la votación, los 20 votos demócratas, votaron contra la continuidad de la monarquía. La Constitución de 1856 nunca entro en vigor, es una constitución nonata. Provisionalmente se puso en vigor la Constitución de 1837 y, una vez acabado el Bienio Progresista, se volvió a la Constitución de 1845.

Las personalidades de los dos hombres fuertes del Gobierno eran muy distintas. Espartero era un figurón, alguien con poca cultura política, poco diplomático y de trato difícil, pero era necesario para mantener a los progresistas en el Gobierno. O´Donnell, hombre de familia militar, tampoco era un dechado de cultura, le costaba escribir con buena ortografía y no dominaba la sintaxis española porque su lengua materna era el inglés, pero tenía sentido común y psicología humana.

El gobierno recibió ataques por todos los lados, desde las Cortes a la prensa. Fue un gobierno inestable que respondía a las crisis con cambios ministeriales.

La situación, al final de 1854, era difícil, todo el mundo quería cobrar por su participación en los motines  y el deseo de todos era tener sueldo de la Administración. La solución simplista de Espartero era duplicar cargos y así poder contentar a todos, pero  lo recaudado por Hacienda no daba para tanto.

Las relaciones con la Iglesia empezaron a torcerse pronto. En éste año de 1854, el 8 de diciembre, el Papa Pio IX proclamo el Dogma de la Inmaculada Concepción, el Gobierno del Bienio ejerció su derecho a no publicar la noticia del dogma, decisión que no gustó a la jerarquía católica. Los liberales lucharon contra el Concordato de 1851 y pidieron su revisión  pero no se atrevieron a denunciarlo.

Durante el último tercio del año 1854, los precios siguieron subiendo  y, en consecuencia, el descontento creció en las capas más bajas de la población española dando lugar a  frecuentes motines.

A mediados de diciembre el Ministro de Hacienda presentó los presupuestos para el año siguiente, presupuestos que no fueron aceptados por las Cortes y que fue la causa de su dimisión. Su sustituto pensó en poner nuevas tasas, lo que era contrario a las promesas progresistas,  por lo que su proposición no fue aceptada por su propio partido y dimitió a las pocas semanas. El 25 de enero fue nombrado Pascual Madoz como Ministro de Hacienda. Su solución para resolver los problemas económicos  de España pasaba por una nueva desamortización.

En 1854, los Estados Unidos hicieron una nueva oferta de compra de la Isla de Cuba, oferta que fue rechazada por el gobierno español. El embajador de Estados Unidos se reunió en Ostende (Bélgica) con los embajadores de  España, Gran Bretaña y  Francia  para ratificar la política de su presidente Franklin Pierce, y aprovechando que Francia e Inglaterra estaban envueltas en la Guerra de Crimea,  amenazar con la conquista de Cuba si España persistía en su negativa a venderla. El apoyo de Francia frenó los intentos anexionistas de Estados Unidos

Hubo un nuevo intento revolucionario en Cuba propiciado por Estados Unidos. Dirigido por el catalán  Ramón Pintó, denunciado y detenido, juzgado, condenado a muerte y ejecutado el 22 de marzo del año siguiente.

Durante todo el Bienio Progresista, el líder progresista Salustiano Olózaga estuvo pidiendo una solución para que las colonias tuvieran los mismos derechos que el resto de los españoles. Se pedía una Ley Constitutiva exclusivamente para las colonias. La Constitución en vigor, la de 1845, no era aplicable a las colonias que se regían por leyes especiales, leyes que provocaban continuos cambios en las colonias dependiendo de cada cambio de gobierno en la metrópolis.

Los esfuerzos de Olózaga fueron estériles, la nueva Constitución nonata de 1856, seguía manteniendo en su artículo 86 que las Colonias serian gobernadas por leyes especiales.

Las relaciones con la Iglesia, ya deterioradas a finales de 1854, siguieron estropeándose en los primeros meses del año nuevo 1855.

A mediados de febrero se permitió construir cementerios no católicos, poco después, por Real Orden se suprimió el pago a todas las parroquias por cuyos territorios pasaba el cadáver hasta su lugar de entierro.

Los progresistas no querían que los sacerdotes católicos cobraran de la Hacienda pública por lo que pidieron la revisión del Concordato.

Las Cortes aprobaron una nueva desamortización, la desamortización del Madoz.  El 3 de mayo de 1855 se publicaba en La gaceta de Madrid el Decreto con la Ley General de Desamortización. Los Decretos  complementarios para su ejecución se publicaron el 31 de mayo.

Se declaraban en venta todas las principales propiedades comunales de los Ayuntamientos, del Estado, los bienes eclesiásticos desamortizados por leyes anteriores y aun no vendidos, los bienes de las Órdenes Militares, cofradías, obras pías, santuarios, los bienes del pretendiente carlista,  de los propios y comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, Universidades y en general todas las propiedades de manos muertas estuviesen o no incluidas en las leyes anteriores. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones. Por censo entendemos el contrato por el cual el Estado recibe una cantidad de dinero, o un bien inmueble, de instituciones o personas, por el que se compromete al pago de un canon o pensión anual, bien como interés perpetuo del capital recibido, bien como reconocimiento de la propiedad cedida inicialmente inicial.

Del conjunto de todo lo desamortizado, el 35 % pertenecía a la Iglesia, el 15 % a la beneficencia y el 50 % restante a las propiedades municipales.

Ésta fue la desamortización que alcanzó un mayor volumen de  dinero recaudado y tuvo una importancia superior a la suma de todas las anteriores. Fue la desamortización  de los montes municipales (propios),

Obviamente la Iglesia protestó y, el 15 de julio  de 1855, el Nuncio, Alejandro Franchi, cerró la Nunciatura y se marcho de Madrid.

Pocos días más tarde, Papa Pio IX protestó  por la  desamortización, alegando que era contrario al Concordato y prohibió a los católicos  comprar tierras desamortizadas a la Iglesia.

Las tensiones entre el Estado y la Iglesia estaban al máximo nivel. El Gobierno ordenó al embajador  ante el Vaticano  que abandonara Roma y las relaciones diplomáticas se rompieron,  se mantuvieron rotas hasta 1857.

En estos años, el proletariado español era un grupo muy pequeño, solo era importante en la zona más industrial del país, en Cataluña. Las condiciones de trabajo eran muy variadas entre las regiones de España, en las zonas industriales los obreros ganaban mucho más, trabajaban menos horas y sus relaciones con los patronos, al ir adquiriendo conciencia de clase, se fueron deteriorando. Su horario de trabajo era de 12 horas seis días a la semana mientras en el campo se trabajaba de sol a sol todos los días del año.

A partir de la crisis del año 1848, los empresarios empezaron a cambiar los métodos de trabajo adquiriendo maquinaria que mejoraba la productividad y empezaron  hacer bajadas de salarios. Los asalariados se organizaron e hicieron huelgas, huelgas a las que le faltaba organización y continuidad porque  las estructuras sindicales   no eran permanentes.

En enero del año 1855, en Barcelona se creó la Junta Central de la Clase Obrera, una organización para organizar a todo el mundo laboral de la ciudad.

El Ministro de Fomento, Pascual Madoz,  reconociendo la importancia de  la creación de la Junta, organizó  una Comisión del Gobierno para que estudiase las condiciones laborables y propusiera su regulación. Las propuestas  de la Comisión no fueron aceptadas por los empresarios. La negativa empresarial a las propuestas unimos a la subida del nivel de vida,   explican perfectamente  los incrementos de huelgas que se produjeron ese año.

El 22 de abril de 1855, se publicó un decreto para implantar líneas telegráficas eléctricas  en toda España

En 1855, aprovechando la llegada al poder de los progresistas, los carlistas organizaron una revuelta esperando atraer a sus filas a los sectores más conservadores. Pero no se produjo el respaldo popular esperado, se limitó a unas partidas pequeñas actuando en Aragón, en las provincias de Zaragoza y Teruel. Comenzó en mayo y tras 19 días de correrías, los carlistas fueron derrotados.

El 3 de julio de 1855 se promulgó la nueva Ley General de los Ferrocarriles, llamada ley General de los Caminos de Hierro,  cuyo objetivo era evitar los abusos,  la especulación y la corrupción que se habían producido con el Decreto del año 1850.

La Ley también fijaba el ancho de vía, ancho que sigue en vigor hay en día y que solo se ha cambiado para las líneas de Alta Velocidad.

El Estado se comprometía a reintegrar a las compañías ferroviarias durante el periodo de la concesión, y diez años más, los gastos del arancel de aduanas y demás impuestos para la importación de materias primas, productos elaborados, instrumentos, maquinas, etc. que se compraran en  el exterior.  El Estado se comprometió a aumentar las subvenciones,  eran el medio para hacer rentables a las compañías, la pérdida de las mismas hacían que las compañías entran en quiebra. Esto impidió le desarrollo de la siderurgia española además de una entrega completa de los ferrocarriles  a los empresarios extranjeros.

El 6 de junio de 1855, hubo una crisis de Gobierno motivada por las tensiones que se estaban produciendo por la carestía de vida, en especial por los aumentos de precios del pan.

En la remodelación el Ministro de Hacienda, Pascual Madoz, fue sustituido por Juan Faustino Bruil Ollairburu. Las causas del cambio de ministro fue la lentitud con la que se llevaban a cabo las subastas de los bienes amortizados.

En abril, el gobernador civil de Barcelona había prohibido tanto el cierre de las fábricas por los patronos como las huelgas y estableció el requisito de la autorización gubernativa para que las asociaciones obreras pudieran seguir funcionando. Tres  semanas más tarde, por Real Orden, se anulaba lo conseguido por los trabajadores en las huelgas del verano del año anterior. El 6 de junio fue ejecutado José Barceló, jefe de la asociación  de Hiladores de Barcelona, después de un juicio sobre un crimen con pruebas circunstanciales. El 21 de junio, el Capitán General de Barcelona, el General Juan Zapatero y Navas conocido desde el verano del año anterior como “general cuatro tiros”, promulgó un bando prohibiendo las asociaciones obrera usando como pretexto la connivencia de éstas asociaciones con las partidas carlistas que actuaban en el norte de Cataluña. Encarceló y deportó a muchos dirigentes obreros y republicanos para acabar con el problema obrero. Puso bajo control militar a todas las asociaciones y sometió a la ley marcial a todo aquel que, directa o indirectamente, coartase la voluntad de otros para que abriese su fábrica sin acceder a las demandas colectivas que se pretendan imponer. Once días después, el 2 de julio, se declaraba en Barcelona la primera huelga general de España.

Las autoridades de Barcelona publicaron proclamas solicitando la vuelta al trabajo con nulo afecto sobre los huelguistas. El día 3 se añadieron a la huelga los obreros de las ciudades próximas a Barcelona. Dos días después salieron de Barcelona dos comisiones para entrevistarse con el Presidente del Consejo de Ministros, el General Espartero, al que se le quería hacer llegar las peticiones de los comités de huelga. Espartero los recibió diciéndoles que sus reivindicaciones serian atendidas si ponían fin a la huelga. Tres días más tarde, la normalidad empezó a instalarse en la ciudad, pero para  entonces la represión ya había comenzado con la deportación a La Habana de algunos de los obreros detenidos. El día 9, hubo manifestaciones en la ciudad y los obreros no se reincorporaron al trabajo. Solamente los demócratas y su periódico defendieron las reivindicaciones de los huelguistas.

Por entonces llegó a Barcelona un enviado especial del General  Espartero, el coronel Saravia, quien consiguió poner fin a la huelga, el día 11 de julio, con vagas promesas  y restableciendo el jurado mixto de obreros y empresarios.

Los huelguistas recibieron apoyos de obreros desde otros puntos de España.  El Gobierno nunca cumplió lo prometido a los huelguistas.

El 7 de septiembre del mismo año, se presentó en Madrid una carta escrita por Francesc Pi i Margall solicitando el reconocimiento del derecho de asociación  de los trabajadores, la carta fue entregada, conjuntamente con 33.000 firmas recogidas en las ciudades más industriales del país, a una comisión parlamentaría presidida por Pascual Madoz.

En septiembre, se intentó terminar con la camarilla de palacio, se decidió que los servidores de palacio serian nombrados por el Consejo de Ministros, duro poco, un año después la disposición fue derogada por el Gobierno de Narváez y la camarilla volvió a funcionar a pleno rendimiento.

El 5 de octubre, fue aprobada la primera Ley de Enjuiciamiento Civil siendo Ministro de Gracia y Justicia Manuel de la Fuente.  La no aprobación del Código Civil en 1851 hacía, a ésta Ley, la única ley que modernizaba la aplicación de la justicia en materia civil en España.

El 8 de octubre, el Ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez,  presentó un proyecto de ley que recogía las promesas hechas a los huelguistas de Barcelona aunque dejaba fuera las principales reivindicaciones de aquellos. Éste proyecto de Ley de Trabajo no gustó a progresista ni a demócratas. No llegó a ser  publicación  pues antes cayó el Gobierno de Espartero y acabó el Bienio Progresista.

provechándose del cansancio de  la gente de tantas revueltas  y violencias callejeras, los diputados menos extremistas de los dos partidos acordaron formar un partido moderado de centro parlamentario liderado por O´Donnell, partido que sería La Unión Liberal.

El 15 de octubre de 1855, por medio de un Real Decreto, se legisló la igualdad  civil del clero. Por él, el clero, pasaba a ser dependiente del Estado y tenía que pagar impuestos como el resto de los españoles a partir del 1 de enero del año siguiente. Obviamente la Iglesia española no lo aceptó,  consideró que ése decreto era contrario al Concordato en vigor.  Se declaró al margen del Estado, como servicio de Dios, con obediencia al Papa pero no tributarios del Estado Español. Entendía que las pagas y subvenciones que recibía eran compensaciones a los bienes expropiados durante las desamortizaciones. La situación entre la Iglesia y el Gobierno del Bienio Progresista seguía  muy tensa.

A finales de noviembre, el día 28, ve la luz la Ley de Sanidad. Ésta Ley fue modificada en 1866  y permaneció en vigor hasta la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.

El invierno de 1855 fue climatológicamente muy  duro y hubo las consabidas revueltas al dificultarse el transporte de granos por las dificultades meteorológicas. Los presupuestos del año siguiente no habían asido aprobados como era preceptivo. Como las relaciones de la Cortes con el Gobierno eran malas, éste último decidió prorrogar los presupuestos de 1855 para el año 1856. También en diciembre se acabaron las discusiones de la Comisión Constitucional, quedando la nueva Constitución de 1856 a la espera del último trámite, la aprobación por las Cortes.

A principios de 1856, el Gobierno estaba agotado, no había ideas, los ministros gastaban el tiempo en inutilidades, los diputados denunciaban el malestar general y empleaban su tiempo en atacar  al Gobierno en lugar de legislar.  El pueblo se quejaba de falta de libertad. En definitiva el Gobierno no  tenía iniciativa para hacer reformas y éstas empezaron a venir desde el pueblo, de bajo hacía arriba.

Aprovechando que el Ayuntamiento de Zaragoza envió un escrito a las Cortes, a primeros de enero, en el que pedía más autonomía municipal e impuestos más justos, Estanislao Figueras del partido demócrata, hizo un discurso incendiario que dio lugar a manifestaciones en las calles duramente  reprimidas por Espartero. A principios de año, se empezaron a producir empates en las votaciones en las Cortes y las discusiones constitucionales no avanzaban. Por entonces,  se produjo una crisis política al dimitir el Ministro de Fomento por discrepancias con el Gobierno.

El año 1856 empezó con la publicación de dos leyes fundamentales para el desarrollo económico de España. El día 28 de enero se publicaron simultáneamente la Ley de Bancos de Emisión y la Ley de Sociedades de Crédito.

Por la primera se renombró al Nuevo Banco de San Fernando como Banco de España, primer banco oficial.

La ley de 1856 permitía crear un solos banco de emisión por plaza (ciudad) con la condición de emitir billetes hasta tres veces su capital efectivo con un tercio del mismo respaldado por reservas metálicas (oro o plata). De los bancos emisores existentes en 1855, diez de ellos decidieron fusionarse con el banco de España, mientras otros cinco siguieron siendo independientes.

Con la Ley también aparecieron los Bancos de Negocios que podían emitir obligaciones las cuales  podían circular como dinero.

La segunda ley, también publicada el 28 de enero, fue la Ley de Sociedades Anónimas de Préstamo y Crédito con el fin de permitir la entrada de capitales extranjeros en las empresas españolas.  A partir de ésta ley, se crearon sociedades anónimas, sobre todo de ferrocarriles, canales y otras obras públicas ya que la ley les permitía emitir la mitad de su capital en obligaciones y daba la condición de fondos públicos a sus acciones.

La aprobación de ambas leyes fue muy favorable para la economía española, la aparición de capital y crédito  multiplico las inversiones  en todos los sectores y con ello mejoró  su actividad.

La Constitución de 1856 se aprobó  por las Cortes en enero y, a continuación, se procedió a  discutir los proyectos de Leyes Orgánicas que  acompañaban y complementaban la Constitución. Se habían dispuesto diez Leyes Orgánicas de las cuales seis tuvieron rango constitucional.  Se pretendía tener leyes con rango constitucional, pero sin estar integradas en la constitución, para así poder cambiarlas fácilmente  sin tener que cambiar la constitución. Éstas leyes orgánicas eran: La Ley Electoral, la Ley de Relaciones entre los cuerpos colegisladores, la Ley de los Tribunales, la Ley del Gobierno y las Administraciones Públicas, la Ley de Empresta y la Ley de la Milicia Nacional.  Estas leyes fueron definitivamente aprobadas por las Cortes el 18 de junio de 1856.

Los progresistas perdieron el control de las Cortes, pero como no estaban en condiciones de ganar unas nuevas elecciones,  no podían disolverlas. El desgaste del gobierno, y  a la enorme decepción de sus votantes debido al incumplido las promesas electorales hechas en las elecciones  de 1854, eran un lastre para  volver a ganar en unas nuevas elecciones.

En abril se sublevó Valencia. Se envió para restablecer el orden al General Juan Zavala. El Gobierno fue acusado por la oposición, formaban  el Centro Parlamentario al que se  unieron los partidos demócratas y republicanos, de llevar a cabo una cruel represión.

Durante el verano de 1856 las huelgas y algaradas se extendieron por todo el país, huelgas en Barcelona por  la cuestión de la media hora,  tumultos en Castilla la Vieja  y en el valle del Ebro por la carestía de los alimentos con incendios de cosechas y molinos,  revueltas en Valencia por las quintas, etc. y así por todas las provincias.

El 5 de julio, se promulgó la Ley de Ayuntamientos. Ésta ley mantenía a las autoridades locales subordinadas al gobierno central aunque los alcaldes centraban toda la autoridad ejecutiva de cada ayuntamiento y eran  elegidos por una parte de las personas   residente  en el municipio a través de una elección censitaria.

Aprovechando los motines y revueltas del verano, O´Donnell decidió acabar con Espartero.

El Ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura Morrogh,  viajó a Valladolid los primeros días de julio e hizo un informe en el que opinaba que los tumultos en Castilla la Vieja eran  provocados por unos pocos clericales y conservadores. Advirtió a Espartero de lo que se estaba fraguando en el entorno de O´Donnell. La posibilidad de la caída del Gobierno era  inminente.

El 13 de julio, en presencia de la Reina y del Gobierno, Escosura informó que los militares eran los responsables de la represión de los tumultos por lo que pedía la dimisión de O´Donnell del Ministerio de la Guerra. Hubo un duro enfrentamiento que acabó con la dimisión de Escosura, la de O´Donnell y la de Espartero. La Reina pidió explicaciones de tales dimisiones. Finalmente  quedo sin dimitir, por petición de la Reina, O´Donnell, siguiendo dimitidos los otros dos.

Al día siguiente, 14 de julio de 1856, O´Donnell fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros y su nombramiento fue acompañado de la declaración de estado de guerra en toda España en previsión de las reacciones de progresistas, demócratas y del propio General Espartero. Con éste nombramiento se acabó con el Bienio Progresista  para empezar la etapa de gobierno de la unión liberal.

Al día siguiente, aunque las Cortes estaban suspendidas desde el día 1 de julio, Pascual Madoz convocó a los diputados progresistas en el Congreso. La sesión duró dos días, el 14 y el 15 de julio, y se votó una moción de censura al Gobierno de O´Donnell. Ésta votación no tenía legitimidad alguna al no haber sido convocadas las Cortes legalmente. Los diputados se encerraron en el  Congreso. O´Donnell ordenó bombardearlo, un casco de granada  entró en el salón de sesiones. Los milicianos que defendían el Congreso abandonaron sus posiciones  y los 43 diputados, que habían resistido hasta el último momento, abandonaron el Congreso a las 11 horas y medias  del día  15. Eran 37 progresistas y 6 demócratas.

Las Milicias estaban pendientes de la reacción de Espartero, pero éste decidió no convocarlas y retirarse de la escena política volviendo a su residencia de Logroño. Esto permitió al ejército la toma de las calles de Madrid  recurriendo a la artillería para acabar con los focos de resistencia.

La resistencia la ofrecieron las clases populares de Barcelona desconociendo que Espartero  no iba a intervenir. La reacción del Capitán General, Juan Zapatero, fue ametrallar a una manifestación, bombardear la ciudad desde Montjuic y asaltar las barricadas a la bayoneta calada. El día 22 puso fin a la revuelta con el resultado de 63 muertos del ejército y más de 400 de la población civil. El último día de julio se rendía la última ciudad sublevada, Zaragoza.

Joaquín de la Santa Cinta. Ingeniero aeronáutico, economista e historiador