El Gobierno municipal de Manuela Carmena tiene previsto aprobar en los próximos meses un Plan de Derechos Humanos para la ciudad de Madrid. Se trata, en palabras de la alcaldesa, de «una nueva forma de interpretar y llevar a cabo la gestión municipal» que permita conocer el grado de cumplimiento del consistorio en materia de Derechos Humanos. Actualmente, el Ejecutivo de Ahora Madrid está dando forma al primer borrador de este plan con la intención de llevar su redacción definitiva al Pleno de Cibeles antes de que acabe el año.

Para su elaboración, el consistorio ha puesto en marcha distintas acciones, entre ellas, un cuestionario para todos los trabajadores municipales, reuniones con los directivos de las distintas áreas de Gobierno y distritos, además de una serie de talleres celebrados durante el verano en los que numerosas organizaciones y movimientos sociales debatieron y señalaron las buenas prácticas, retos e incumplimientos del Ayuntamiento en este terreno.

El consistorio ha publicado ahora el resultados de estos encuentros con el tejido asociativo en unos documentos en los que se señala a colectivos como la Policía Municipal y al conjunto del funcionariado como los principales responsables de que se no respeten los Derechos Humanos en la capital. En las conclusiones de estos talleres, la Iglesia Católica o el Comisionado de la Memoria Histórica creado por la propia Carmena también salen mal parados.

Estas son algunas conclusiones:

– Policía Municipal. «Uno de los problemas en torno a los delitos de odio es la falta de formación de la Policía Municipal y la falta de educación con la que se dirigen a determinadas personas con palabras despectivas como ‘‘negrata’’, ‘‘puta’’ o ‘‘maricón’’».

– Funcionarios. Dentro de las aportaciones del tejido asociativo que participó en los talleres se acusó a lo que denominan el «funcionariado de ventanilla» de «falta de cultura democrática» así como de «falta de preparación y voluntad política».

– Iglesia. Respecto al problema de la «discriminación por convicciones personales», uno de los documentos de trabajo señala que «el principal causante es la propia cultura española en torno al nacional-catolicismo».

– Gobierno central. Los colectivos cuyas reflexiones podrán ser incluidas en el Plan de Derechos Humanos precisan que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera el derecho de expresión y reunión y convierte a la Policía en «juez y parte».