En el año 2014, el Ayuntamiento Pleno modificó la plantilla para transformar una plaza de “Técnico Superior de Procesos y Proyectos” (A1) vacante en la concejalía de Educación, en una plaza C2 de “Monitora de Formación en Peluquería”, dentro de la misma Concejalía, para “adaptar mejor el servicio que la Concejalía de Educación debe prestar a la ciudadanía”. Entre los requerimientos específicos, se tenía que acreditar el dominio de conocimientos y técnicas relacionadas con aquel perfil profesional.

Se convocó la plaza y por avatares del proceso selectivo quedó desierta, pero continuó vacante en la plantilla del Ayuntamiento. Entretanto, tras la denuncia judicial de una trabajadora, -que se dedicaba a impartir formación en peluquería y a la que se negaba la existencia de una relación laboral-, el Ayuntamiento acabó reconociendo dicha relación laboral y pactando con ella, en Acta de Conciliación, su contratación indefinida; como aquella plaza – a la que por cierto, también había aspirado la denunciante-, seguía vacante, se decidió asignársela interinamente y todos contentos. Sin embargo, al poco tiempo, aquella plaza pasó a ser adscrita a la Concejalía de Familia con su ocupante y una vez allí, en lugar de dar formación en peluquería, le asignan como labores, –según ha denunciado la trabajadora-, cortar y peinar el pelo a los jubilados bajo las órdenes de la empresa que el Ayuntamiento ha contratado para esta finalidad. La trabajadora denunció esta situación en julio pasado y solicitó desarrollar las funciones de su puesto de monitora, pero todo fue inútil; la respuesta fue la propuesta de amortización de la plaza, basándose en que la misma estaba vinculada a unas subvenciones de la Comunidad de Madrid que, por no contar con un número de alumnos suficiente, quedó sin efecto.

Si se quería adaptar mejor el servicio que la Concejalía de Educación daba a la ciudadanía, ¿por qué esta trabajadora acaba en la Concejalía de Familia? Si la plaza se creó para la Concejalía de Educación, porque allí existían esas necesidades, ¿por qué no habiendo pasado un año, ni justificándolo en modo alguno esa plaza se adscribe a la Concejalía de Familia?, ¿por qué si en ningún momento, durante la transformación de la plaza inicial se hizo alusión a la subvención de la Comunidad de Madrid que se trata ahora de vincular y hacer depender la existencia de dicha plaza de aquella subvención? Son cuestiones que han quedado sin resolver por el Pleno, que no ha dado respuesta a las alegaciones que se han formulado al respecto y se limita a alegar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para justificar la amortización de la plaza, que en definitiva determina el despido de la persona que la ocupa, incumpliendo así el Ayuntamiento el acuerdo alcanzado con la trabajadora en Acta de Conciliación hace menos de dos años. De esta manera, se llega a la conclusión de que tanto la transformación inicial de la plaza, como su amortización han sido arbitrarias y están alejadas del verdadero interés público. Se constata así también que, lamentablemente, siguen manteniéndose estas malas prácticas herencia del pasado y propias de sistemas que creíamos podían empezar a desterrarse.

¡Ver para creer!

Saxa Duende