El 10 de julio de 1997 ETA secuestraba al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. Para su liberación, exigía al Gobierno de España el inmediato acercamiento de los 600 presos de la banda terrorista que se encontraban dispersados por todo el territorio nacional a las cárceles del País Vasco en un plazo de 48 horas. Si no lo cumplían, Miguel Ángel sería asesinado.

El Ejecutivo liderado por José María Aznar no dudó en ningún momento: no podía ni debía acceder al chantaje de los asesinos, algo que compartía también la familia del joven concejal de 29 años y toda la sociedad española que se echó a las calles como nunca antes a exigir a ETA que no matara a Miguel Ángel. El grito de «¡Basta ya!» contra el terror retumbó por toda España. Pero fue en balde y los terroristas cumplían su promesa el domingo 12 de julio de 1997. Dos tiros en la cabeza de Blanco.

Hoy, veinticinco años después de un crimen que marcó para siempre los corazones y las conciencias de todos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prácticamente ha culminado ese proceso de acercamiento de presos que en 1997 no se concebía y por el que Miguel Ángel Blanco fue asesinado.

En 2022 los colectivos de presos de ETA se jactan de que «hoy en día, la mayoría de compañeros y compañeras está en cárceles de Euskal Herria» y celebran que con la llegada del socialista al poder «el mapa de la dispersión y los alejamientos es muy diferente al de hace pocos años».

Y es que, la política de acercamientos del Gobierno ha dejado ya casi la mitad de los presos de la banda terrorista bajo la gestión del Gobierno Vasco, partidario de acelerar el tercer grado a los etarras para que puedan completar sus penas en semilibertad. Desde su llegada al poder, Sánchez ha facilitado los traslados de presos etarras a prisiones próximas al País Vasco y Navarra, además de otorgarles distintos beneficios y avances en su clasificación penitenciaria.

Para mayor escarnio, hace poco más de un año, cuando se cumplía el primer aniversario del fallecimiento de la madre del concejal, tal y como recordaba su hermana Marimar en una entrevista con OKDIARIO, el Ministerio del Interior comandado por Fernando Grande-Marlaska acercaba a la cárcel de Estremera (Madrid) procedente de Huelva a quien apretó el gatillo para acabar con la vida de Miguel Ángel Blanco, el etarra Javier García Gaztelu, alías Txapote.

El asesino, uno de los más sanguinarios de la historia de ETA y que también mató a Gregorio Ordóñez y a Fernando Buesa, mantuvo a Blanco 48 horas maniatado en el maletero de un coche para, dos días después cuando el Gobierno no accedió a acercar a los presos, descerrajarle dos tiros con una pistola Beretta del calibre 22.

Txapote e Irantzu Gallastegi, alías Amaia, otra de las etarras directamente implicadas en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel, fueron condenados en julio de 2006 a 50 años de cárcel por ese crimen. La sentencia les prohibía acercarse al lugar donde residían los familiares del fallecido pero, veinticinco años después, Marimar Blanco, la única familiar directa de Miguel Ángel Blanco que sigue con vida tras el fallecimiento reciente de sus padres, tiene que convivir en la Comunidad de Madrid con el autor material de la muerte de su hermano tras el acercamiento perpetrado por Sánchez.