La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado que la amenaza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es “un auténtico atropello constitucional”.

Pedro Sánchez ha dado un ultimátum este miércoles al Partido Popular para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y ha advertido de que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

Según un comunicado de la APM, al que ha tenido acceso Libertad Digital, “ante las recientes declaraciones del Presidente del Gobierno respecto al bloqueo en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, queremos expresar nuestro profundo rechazo y preocupación. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura llevamos meses reclamando la urgente renovación del CGPJ ante una situación que resulta ya insostenible, debiendo abordarse inmediatamente después la reforma de la LOPJ para que seamos los jueces los que elijamos a los Vocales Judiciales”.

“Sin embargo, la propuesta de Pedro Sánchez de privar al CGPJ de la facultad de hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional. Lamentablemente, otro más que se suma a los permanentes ataques que cada día recibimos los jueces de este país”, destaca la asociación mayoritaria de jueces.

“El día de la marmota que el Presidente expresa lo sufrimos los miembros del Poder Judicial y, por ende, los ciudadanos, cada vez que se propone una nueva reforma legal que afecte a nuestro estatuto. Con precipitación, amenazan nuevas formas de injerencia y de conculcar una separación de poderes que es la base de nuestra democracia”, apunta el comunicado.

“Exhortamos a todas las fuerzas políticas a evitar estas ideas peregrinas sobre el Poder Judicial que afectan gravemente a los ciudadanos y retomar, definitivamente y de forma urgente, el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales, encontrando los necesarios consensos que fortalezcan la independencia judicial y el equilibrio democrático de poderes en nuestro país”, concluye.