Lo ocurrido el pasado 31 de julio en el Recinto Ferial de Pozuelo de Alarcón debería figurar ya entre los episodios más bochornosos de la historia política reciente de esta ciudad.

Y es que no solo trasciende el mero esperpento político-administrativo, es un episodio inaudito, grotesco y profundamente vergonzante que pasará a la historia de la gestión municipal de la alcaldesa Paloma Tejero.

Porque no se trata de paralizar una obra. Eso puede suceder.
Lo verdaderamente escandaloso es quién la paralizó.
Porque, amigo mío, la paralizó la Policía Municipal.

La misma Policía que depende del Ayuntamiento tuvo que intervenir para detener una obra promovida por su propio Ayuntamiento por el presunto incumplimiento de una resolución de la Comunidad de Madrid que prohibía el uso de determinada maquinaria pesada ante el riesgo extremo de incendios.

Es de locos.
Mejor, de vergüenza ajena.

Es difícil encontrar un retrato más demoledor de un Gobierno municipal.
Porque estamos hablando de que el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón no cumple las normas y que tiene que ser denunciado por su propia Policía Municipal…

Nunca se había visto algo semejante en Pozuelo. Bueno, ni en Pozuelo, ni en la Comunidad de Madrid ni, seguramente, en España.

Y es que, aparte de ser muy grave es un adefesio que define perfectamente una legislatura.
Mientras los españoles contemplaban con angustia los devastadores incendios que han castigado la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Paloma Tejero decidió que sus obsesivas prisas por inaugurar el nuevo Recinto Ferial estaban por encima de cualquier prudencia.
Y se saltó la obligación de no usar temporalmente maquinaria pesada para evitar incendios.
Pero parece ser que una fotografía de las fiestas es más importante que el sentido común.
El mundo al revés.

Y ahora, tras esta incomprensible situación  se plantea algo más extravagante todavía…

¿Qué recorrido tendrá el informe que, con toda seguridad, habrán levantado los agentes municipales sobre el incumplimiento de la normativa comunitaria que prohibía realizar obras con maquinaria pesada en el Recinto Ferial que, repito, había ordenado el propio Ayuntamiento?

¿A quién se lo remitirá?
¿A la Alcaldía, que es de quien depende ahora la Seguridad como prelatura personal?
¿A la Concejalía de Urbanismo y “otras yerbas” que dirige la todopoderosa Miriam Picazo?
¿Al departamento que ordenó o permitió continuar las obras, si averiguan quien fue?

Porque si el informe termina descansando en los mismos despachos desde los que, presuntamente, se tomó la decisión de incumplir la resolución de la Comunidad de Madrid, estaremos ante otro ejercicio de surrealismo administrativo.

Sería como denunciarse a uno mismo y, después, guardarse la denuncia en un cajón.
Papel mojado.
Y eso sería una tomadura de pelo intolerable.

¿Existe alguna manera legal de que ese informe salga del circuito municipal?

Porque resulta imprescindible que ese expediente llegue a la Comunidad de Madrid, que es la Administración competente para determinar si existió infracción, exigir responsabilidades e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan.

Y es que si todo queda dentro del Ayuntamiento, el resultado es demasiado previsible.

Archivo.
Silencio.
Y aquí no ha pasado nada.
Como suele hacer siempre…

Aunque sería fraude de ley.
Y solo le faltaba eso a la alcaldesa Tejero.

Juan Manuel Sánchez