La Comunidad de Madrid recurrirá los dos decretos de vivienda que el Gobierno central volvió a aprobar este martes si sus servicios jurídicos concluyen que existe «invasión de competencias».

Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, que ha calificado las normas de «fraude y panfleto electoral» y ha exigido «políticas eficaces».

«Estos decretos son un fraude, un panfleto electoral y darán la puntilla al mercado de la vivienda, a un mercado del alquiler que ya cuenta con 400.000 pisos menos desde que el actual Gobierno tomó las riendas del país», ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «casi 8 años sin políticas eficaces de vivienda» y que ahora improvise «un paquete de medidas que no pueden pagar porque no tienen presupuesto». Los servicios jurídicos de la Comunidad analizarán además si los textos vulneran «los derechos de propietarios e inquilinos».

El portavoz ha cuestionado también la vía elegida para sacarlos adelante. A su juicio, que la Diputación Permanente del Congreso termine convalidándolos sería «un fraude de ley y una estafa» a los españoles, cuya voz se defiende en un Parlamento que «ya dijo no a estos decretos».

¿Qué recogen los decretos?

El paquete se divide en dos reales decretos-ley. El primero concentra el grueso de las medidas: prorroga durante dos años los contratos de alquiler vigentes, incluye incentivos fiscales para pequeños propietarios y una moratoria de desahucios. A ello se suman el tope del 2% a las subidas de renta hasta finales de 2027, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y límites a ciertas compras de vivienda por parte de fondos, una deducción estatal de hasta el 10% para inquilinos con rentas bajas y préstamos sin intereses para adquirir la primera vivienda.

El segundo, impulsado por Sumar, establece la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, lo que en la práctica los convierte en indefinidos. Es el más discutido y, como novedad, solo entrará en vigor si lo convalida la Diputación Permanente, y no desde su publicación en el BOE.