Un exvigilante de seguridad del Centro de Primera Acogida de Casa de Campo ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra el director del centro, acusándolo de presuntas agresiones a menores tutelados y de permitir un deterioro grave en la gestión del recinto, según ha sabido El Mundo.

La denuncia, respaldada por testimonios y documentos internos, describe un panorama alarmante: episodios de violencia, tráfico y consumo de drogas, fugas de menores y una supuesta “ley del silencio” impuesta por la dirección y la Fundación Diagrama, entidad gestora.

El denunciante señala al director, de origen magrebí y con experiencia en centros de acogida, como responsable de agresiones físicas a los menores.

Un caso destacado ocurrió en mayo, cuando el director habría gritado a un adolescente en el comedor por incumplir normas de vestimenta, lo empujó y golpeó en la espalda, según el escrito.

Otros vigilantes habrían intervenido en incidentes similares, el último hace apenas dos semanas.

Además, se acusa a la dirección de tolerar un entorno caótico que facilita fugas de menores, quienes, según el exvigilante, delinquen y consumen drogas en el Camino del Robledal, cerca del centro de recuperación de aves rapaces.

La denuncia detalla un supuesto tráfico de drogas dentro y fuera del centro, con antiguos residentes entregando alcohol y pastillas a los tutelados, a veces ante la pasividad de la dirección.

Informes internos, que no han salido a la luz, constatarían este menudeo. Además, se prohíbe a los vigilantes alertar a la Policía, bajo amenaza de sanciones, consolidando un “blindaje de silencio”.

El exvigilante también denuncia graves deficiencias: ausencia de chalecos anticorte, emisoras defectuosas, botiquines insuficientes y una central contra incendios inoperativa desde hace un año.

A esto se suma un trato desigual por parte de mediadores que, según el denunciante, encubren conductas violentas de los menores o contradicen a los vigilantes en procesos judiciales, dificultando sanciones penales.

La sobrecarga laboral de los vigilantes y el miedo de los educadores a hablar, según el denunciante, refuerzan la percepción de opacidad.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales niega tener constancia de la denuncia y defiende que el consumo o tráfico de drogas está prohibido en todos los centros. También asegura que no hay registros de agresiones por parte del director y que existen protocolos para detectar violencia.