La Fiscalía Europea ha archivado el caso en el que se investigaba la presunta malversación de fondos europeos en la compra de mascarillas por parte de la comunidad de Madrid a una empresa en la que intermedió el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha comunicado la propia oficina de prensa de la Fiscalía de la Unión Europea que aclara que no se ha acreditado que el precio pagado por las mascarillas (1.512.500 euros) fuera «desproporcionado en relación con la calidad del material».

El archivo sucedió el pasado 6 de marzo, según han especificado. La investigación giraba en torno al contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por millón y medio de euros, del que el hermano de Ayuso se quedó con una comisión de 55.850 euros.

Pero «tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por los fiscales europeos delegados» en la que se ha tomado declaración a varios de los afectados, se ha comprobado la autenticidad de las fotografías de las mascarillas, se ha solicitado información a la Agencia Tributaria y a informes de la Guardia Civil e incluso se ha designado un perito para que analizara la documentación, la conclusión es clara: no hay indicios suficientes para interponer querella así que se archiva el caso.

«En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid», señala la Fiscalía Europea.

Este caso abrió en la primavera de 2022 una fractura entre la Fiscalía General del Estado español y la Europea, que se disputaban la competencia sobre esta investigación: la fiscal general del Estado decidió que la Fiscalía Anticorrupción investigase el contrato en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea, que las reclamaba.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea considera que tiene una «competencia preferente» para investigar «todos los delitos relacionados» con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamaba el caso para evitar «duplicidades».

La Fiscalía Europea solicitaba la investigación del caso ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato, por el que el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros, y finalmente mantuvo su investigación sobre los hechos que afectan a los intereses financieros de la UE pero no sobre los hechos que atañen al funcionamiento de la administración pública española.

Inicialmente el asunto se investigaba en la Fiscalía Anticorrupción, pero la Fiscalía Europea quiso quedarse con las pesquisas cuando descubrió que las mascarillas se habían pagado con fondos comunitarios. Una junta de fiscales de Sala en la Fiscalía General consensuó la decisión de que Anticorrupción siguiera investigando los delitos cometidos en territorio español, si bien el fiscal jefe Alejandro Luzón también terminó archivando este caso. El fleco que quedaba suelto era el de la Fiscalía que representa Concepción Sabadell en Europa y que, finalmente, también ha terminado en cierre.

Con este vídeo Mónica García se enorgullecía de llevar los contratos del hermano de Ayuso ante la Fiscalía Europea.

Ahora que también han cerrado el caso en la UE, sería una pena que nadie le diera retuit y cayera en el olvido pic.twitter.com/j4S823ZRYg

— Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 14, 2023