Estimado Capitán:

En primer lugar agradecerle que El Correo de Pozuelo siga peleando por una ciudad mejor y felicitarle por descubrir el proyecto de la “Villa del Deporte” que la Real Federación de Fútbol Madrileña (RFFM) querer construir en ARPO, sobre otra cesión demanial de la alcaldesa, y la descomunal reacción del Gobierno de Paloma Tejero.

Y es que esa reacción tan brutal en forma de nota de prensa y de negativa de llevar ante los tribunales a la RFFM ha sido de lo más normal. Tiene una clara justificación a mi entender.

Y esa clara justificación nace, simplemente, con mirar la historia judicial de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Es la misma operación o muy parecida. Y viendo lo que pasó en la ciudad vecina, se entiende mucho mejor la excesiva reacción del Gobierno de Paloma Tejero tras la información publicada por El Correo de Pozuelo.

Por supuesto, hablo de una suposición, pero mmmmmm…
La alcaldesa Tejero no se asustó por el proyecto de la RFFM, se asustó por las consecuencias jurídicas que tiene.
Porque existe ese precedente demoledor en Las Rozas y la publicación ponía sobre la mesa el mismo proyecto.

Durante más de una década, los tribunales declararon ilegal la cesión de suelo público a una federación deportiva privada. El Tribunal Supremo anuló la operación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó ejecutar las sentencias una y otra vez e incluso llegaron a investigarse posibles responsabilidades penales por intentar mantener una situación contraria a Derecho.

El mensaje judicial fue cristalino: Una federación deportiva, por muy importante que sea, sigue siendo una entidad privada y la utilización de suelo público exige cumplir escrupulosamente la legalidad.

Y en la concesión, teóricamente, había de todo menos la concurrencia y publicidad que exige la ley.
Y esa es la clave de todo.
Porque, además, ese suelo público no estaba destinado al uso y servicio de los vecinos, sino a un tema particular de una entidad privada.

Supongamos que sí habían existido conversaciones entre el Ayuntamiento y la Federación. Nada extraordinario. Las administraciones hablan continuamente con entidades privadas, clubes, empresas y asociaciones.
Supongamos, incluso, que se estaba estudiando la viabilidad de un gran complejo deportivo cuya presentación pública se produciría cuando todo estuviera suficientemente maduro y le sirviese a la alcaldesa de propaganda electoral…
Supongamos, además, que el acuerdo, presuntamente, estaba cerrado y en standby.

Pero entonces ocurrió lo inesperado.
La Federación decidió adelantarse y hacerlo público antes de tiempo.
¿Por qué?
Ellos sabrán.

Pero si ese fuera el escenario, se entendería perfectamente el nerviosismo del Gobierno municipal. Porque una cosa es mantener conversaciones discretas mientras se estudian alternativas y otra muy distinta aparecer ante la opinión pública como si existiera un proyecto prácticamente cerrado.

Insisto, sin concurrencia ni publicidad.
Sin haberse aprobado el expediente administrativo en JGL; sin haberse aprobado el proyecto en JGL y sin haberse licitado para que, después, esa JGL adjudicase el proyecto (a él se podían haber presentado más empresas) nada tiene validez.

La Real Federación de Fútbol de Madrid es una entidad privada. Cualquier utilización de suelo público para un proyecto de semejante envergadura exige extremar las garantías jurídicas, la transparencia y los procedimientos administrativos.
Y ahí aparece inevitablemente el precedente de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los tribunales acabaron declarando ilegal la cesión de suelo público a otra federación deportiva y protagonizaron una larga batalla judicial que terminó con durísimas resoluciones contra el Ayuntamiento.

Es lógico pensar, entonces, que cualquier alcalde que conozca perfectamente ese precedente (y se supone que Tejero y lo conoce) quiera evitar siquiera la apariencia de una operación similar porque estaríamos hablando de algo gordo y, presuntamente, castigado en el Código Penal.

Por otra parte, si todo era completamente falso como sostiene el Gobierno, ¿por qué no exigir responsabilidades a la Federación por utilizar el nombre de Pozuelo para anunciar un proyecto inexistente?

¿Por qué no anunciar una demanda o, al menos, un requerimiento formal para proteger el prestigio institucional del municipio?

Me da que todo es verdad.
De hecho, la RFFM ha guardado silencio tras el desmentido. Desconozco la razón.
Pero lo que queda claro es que esta operación huele a enjuague, a Palacio de Congresos y Hotel, curiosamente. Con la gran diferencia, en este caso, de que la RFFM se ha cargado el proyecto.

Si alguna vez, en ese terreno público de ARPO se decide hacer una ciudad deportiva, me temo que el concurso de la RFFM ha quedado invalidado por haberse columpiado.

Es más, creo que se ha cargado para siempre este nuevo proyecto faraónico…

Por cierto, y termino, ¿por qué no llevan el polémico Recinto Ferial a esa parcela pública en lugar de jugar al escondite con la ley?

Juan Pozuelo