La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central. El Ejecutivo regional considera que el programa estatal invade competencias autonómicas en materia de vivienda, limita su capacidad de gestión y condiciona de forma excesiva la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Según ha informado el Gobierno madrileño, la impugnación ha sido formalizada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Entre los principales argumentos figura el aumento de las obligaciones económicas que el nuevo plan impone a las autonomías para desarrollar las medidas contempladas en el programa.

El Plan Estatal de Vivienda cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, de los que 1.113 millones corresponderían a la Comunidad de Madrid. El modelo de financiación establece que el Estado aporte el 60% de la inversión y las comunidades autónomas el 40% restante, una proporción superior a la exigida en planes anteriores, cuando las regiones asumían el 25% del presupuesto.

Aunque Madrid respaldó el reparto de fondos durante la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada el pasado 21 de mayo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ya expresó entonces su rechazo al diseño financiero del plan, al que calificó de injusto.

El recurso también se apoya en un dictamen del Consejo de Estado que advierte de que la obligación de cofinanciación podría afectar a la autonomía financiera de las comunidades al limitar su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios.

Una carga adicional a las autonomías

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostienen que el nuevo sistema traslada una carga económica adicional a las administraciones autonómicas sin que haya existido una negociación efectiva sobre el contenido del plan ni sobre sus condiciones de financiación. En el caso madrileño, aseguran que la aportación exigida multiplica por cinco la realizada en el anterior programa estatal.

Asimismo, la Comunidad de Madrid critica la falta de consenso durante la elaboración del texto y lamenta que la versión definitiva fuese aprobada por el Consejo de Ministros sin acuerdo previo con los gobiernos autonómicos. A su juicio, esta situación dificulta la planificación de las actuaciones y retrasa la puesta en marcha de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

Otro de los puntos cuestionados es la obligación de establecer un régimen de protección permanente para determinadas viviendas que hayan recibido ayudas públicas. El Gobierno regional considera que esta medida excede las competencias estatales y podría obligar a modificar normativas ya vigentes, generando inseguridad jurídica.

Limita la capacidad de la comunidad

Además, el recurso sostiene que el plan limita la capacidad de las comunidades para adaptar las políticas de vivienda a sus necesidades específicas al establecer criterios homogéneos para todo el territorio nacional. En este sentido, Madrid defiende que cada autonomía debe disponer de margen suficiente.

La Comunidad de Madrid también rechaza que la recepción de fondos estatales quede vinculada al cumplimiento de determinadas obligaciones relacionadas con la publicidad institucional, el intercambio de información administrativa o la organización de actos públicos. Según el Ejecutivo regional, estas exigencias no guardan relación directa con los objetivos del plan.

Por último, el Gobierno madrileño recuerda que presentó alegaciones durante la tramitación del Plan Estatal de Vivienda que no fueron incorporadas al texto definitivo y critica que el Ejecutivo central haya optado por un modelo basado en la imposición.