Pedro Sánchez ha vendido este martes a la opinión pública “la mayor inversión en dependencia de la democracia” con la aprobación en Consejo de Ministros de una partida adicional de 2.218 millones de euros.

Lo ha hecho en una comparecencia celebrada en mitad de la tormenta política que ha supuesto la sentencia – conocida tan sólo 24 horas antes- del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas que ha condenado a la mano derecha del presidente del Gobierno a 24 años de cárcel.

El anuncio, presentado por el Ejecutivo como un refuerzo histórico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, encontró una respuesta inmediata en la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, rechazaron el mensaje lanzado por Moncloa y sostuvieron que el Gobierno central mantiene una deuda acumulada con las comunidades autónomas que supera ampliamente la cifra anunciada este martes.

Desde el departamento regional consideran que resulta “una burla” hablar de la mayor inversión en dependencia de la democracia cuando, aseguran, el Ejecutivo de Sánchez acumula también “el mayor récord de deuda” con las autonomías en esta materia. Según sus cálculos, la deuda histórica supera los 20.000 millones de euros y triplica la cantidad ahora comprometida por el Gobierno.

En concreto, la Comunidad de Madrid sitúa en 3.400 millones de euros la cantidad que el Estado adeuda a la región por la infrafinanciación del sistema de dependencia. Una cifra que, según las mismas fuentes, crece a un ritmo superior al millón de euros diario y que se elevaría por encima de los 12.000 millones si se incorporan otras obligaciones y servicios públicos que, a juicio del Ejecutivo autonómico, el Estado no ha financiado conforme a lo previsto.

La crítica madrileña apunta además al propio contenido del anuncio realizado por Sánchez. Desde la Consejería recuerdan que el presidente reconoció que la Administración General del Estado todavía no alcanzará este año el objetivo legal de financiar el 50% del sistema de dependencia. A juicio del Gobierno regional, se trata de una promesa aplazada que llega después de años de incumplimientos y de reiterar que la falta de Presupuestos Generales impedía aumentar las aportaciones estatales.

La disputa sobre las cifras esconde una batalla política más amplia sobre quién sostiene realmente el sistema. Según los datos que maneja la Comunidad de Madrid, de cada 30 días de atención que recibe una persona dependiente en la región, 27 son financiados por las arcas autonómicas y únicamente tres por la Administración central.

Fuentes de la Consejería utilizan ejemplos concretos para ilustrar el alcance de la deuda que denuncian. Sostienen que los más de 3.400 millones que atribuyen al Estado permitirían crear más de 70.000 nuevas plazas residenciales, lo que supondría multiplicar por tres la red actual de la región, o construir más de 1.200 centros base destinados a la valoración de la discapacidad.

El choque entre ambas administraciones se produce, además, en un contexto especialmente delicado para el Gobierno. Desde el departamento que dirige Ana Dávila interpretan el anuncio como una maniobra política destinada a recuperar la iniciativa en plena crisis derivada de los últimos escándalos que afectan al entorno socialista. “Pretende comprar tiempo a costa de los más vulnerables”, señalan fuentes regionales, que consideran que el Ejecutivo central recurre a grandes anuncios y promesas futuras mientras mantiene, según su versión, una deuda histórica con las comunidades autónomas y con las personas dependientes.

Así, mientras Moncloa reivindica una inyección económica sin precedentes para reforzar el cuarto pilar del Estado del bienestar, la Puerta del Sol responde con una enmienda a la totalidad de las cifras y del relato.