Hace unos días, publicamos en El Correo de Pozuelo un artículo en el que avanzamos que, en los despachos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya se había votado lo podía convertirse en la primera gran sacudida judicial al llamado “tasazo” de basuras.

Y aunque la batalla haya comenzado en la capital, que nadie en Pozuelo se llama a engaño porque lo que allí se decidió terminará afectando al Pasillo del Infierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Por activa o por pasiva.

Entonces solo faltaba conocer la redacción del voto emitido…
Y ahora el golpe ha sido seco.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, la conocida tasa de basuras, y lo ha hecho por donde más duele. Por un defecto sustancial en su tramitación que afecta directamente al derecho de los ciudadanos a entender y cuestionar lo que pagan.

La sentencia no se pierde en tecnicismos menores. Va al corazón del problema. Durante el periodo de información pública no se incorporaron ni publicaron los anexos del estudio de generación de residuos, es decir, los documentos que explicaban cómo se calculaba realmente la tasa. Sin ellos, el expediente quedaba cojo. O peor, opaco.

El tribunal lo deja claro. No se puede pedir a los vecinos que acepten un tributo cuyo mecanismo interno no pueden conocer.

No basta con enseñar el resultado; hay que explicar el camino. Y cuando ese camino se oculta, lo que se vulnera no es solo una formalidad administrativa, sino un principio básico: el de transparencia y control ciudadano.

Este argumento, que ha sido suficiente para tumbar la ordenanza madrileña, tiene una potencia expansiva evidente. Porque no estamos ante un caso aislado, sino ante un modelo que se ha replicado, con matices, en numerosos municipios. Y entre ellos, inevitablemente, aparece Pozuelo de Alarcón.

Aquí es donde la noticia deja de ser ajena y empieza a incomodar.

¿Tiene ese mismo problema la Ordenanza que se sacó el Gobierno de Pozuelo de la manga precipitadamente para cobrar, incluso, cuando no debía?

No lo sé pero lo averiguaremos.

Porque en Pozuelo, aparte de rectificarse con el argumento de bajar los recibos, también se ha debatido intensamente sobre la naturaleza de su tasa de basuras. Nunca ha estado claro su cálculo, sus criterios y su encaje con el principio de “quien contamina paga”.

Y porque, como ya se ha señalado en más de una ocasión, el riesgo de que estos tributos se deslicen hacia una especie de “IBI encubierto” no es una hipótesis descabellada.

La clave ahora no es solo si la tasa es más o menos justa. La clave es si su diseño y, sobre todo, su tramitación cumplen con los estándares que acaba de exigir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿Se publicaron todos los informes?
¿Se explicaron de forma completa los criterios técnicos?
¿Podían los vecinos entender cómo se calculaba lo que iban a pagar?

Porque si la respuesta a alguna de estas preguntas es dudosa, la sombra de la nulidad empieza a proyectarse también sobre nuestro municipio.

El precedente es demasiado claro como para ignorarlo. La Justicia ha recordado que el informe técnico-económico no es un mero trámite, sino la pieza que da sentido a toda la ordenanza.

Sin una explicación detallada de la metodología (de cómo se asignan los residuos, de cómo se definen las zonas, de cómo se traduce todo eso en una cuota) el tributo pierde su base.

Y cuando la base falla, todo lo demás se tambalea.

A partir de aquí, el escenario se abre en varias direcciones. Puede haber recursos, puede haber rectificaciones, puede haber intentos de rehacer lo que ahora se ha anulado.

Pero también puede haber algo más incómodo, que los propios contribuyentes, aparte de cabreados, empiecen a mirar con ojos de haber sido engañados por lo que están pagando. Y eso son palabras mayores en año preelectoral.

Porque si en Madrid la tasa ha caído por falta de transparencia, ¿qué garantías tienen los vecinos de Pozuelo de que aquí no ocurre lo mismo?

La pregunta, en realidad, ya no es solo jurídica. Es también política y, sobre todo, ciudadana porque, insisto, estamos de lleno en año preelectoral.

¿Alguien se atreverá a dar el paso y denunciar la ordenanza en Pozuelo de Alarcón?
Esa es la pregunta de los 10 millones de euros que el Ayuntamiento se ha embolsado ilícitamente en 2025, más el último trimestre de 2024, que manda carajos.

Mientras tanto, el eco del “zambombazo” del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue y seguirá resonando. Y el problema más grave es correr el riesgo de perder el recurso en campaña electoral. Puf…

Creo que el PP de la Comunidad de Madrid y el propio Gobierno comunitario tomará carta en el asunto porque no pueden afrontar una campaña electoral teniendo a sus votantes cabreados y pensando, repito, que les han estafado con una tasa ilegal.

Juan Manuel Sánchez