La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra del ramo, Mónica García, de gastar 10 veces más en campañas para promover el aborto que en ayudas para mujeres embarazadas.

Lo ha hecho este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de Más Madrid sobre si en la región capitalina está garantizado el «derecho» al aborto.

El reproche de la consejera autonómica llega poco después de que el Ministerio de Sanidad haya gastado más de 430.000 euros en una campaña bajo el lema: «Todo estará bien porque tienes derecho a abortar y hacerlo en la pública».

Según los datos del último Mapa de la Maternidad de la Fundación Red Madre, España destinó 101 millones de euros a la mujer embarazada con dificultades en 2024, de los cuales 96 millones se concentraron únicamente en la Comunidad de Madrid y Galicia. Sin estas dos comunidades, las ayudas del resto del país se limitaron a 4,8 millones.

Mientras tanto, según los cálculos de esta entidad, el Estado gastó 37,9 millones de euros al aborto en ese mismo periodo. En sus 18 años de experiencia, Red Madre ha comprobado que 8 de cada 10 mujeres deciden seguir adelante con su embarazo cuando reciben «información veraz, acompañamiento emocional y apoyo social».

En este contexto, la diputada de Más Madrid Mariana Arce ha reprochado este jueves en el Pleno a la consejera de Sanidad que de los 21.000 abortos que se practicaron el año pasado en la región, sólo 92 se hicieron en la sanidad pública.

«Banalizan el aborto hasta convertirlo en un eslogan», ha replicado Matute, al tiempo que ha arremetido contra Mónica García por «poner la cultura de la muerte por encima de la de la vida» y no atreverse a responder a una pregunta de una periodista de El Debate sobre si el feto sufre durante el aborto.

Por el contrario, ha defendido que en Madrid luchan por «evitar los embarazos no deseados» y ha opinado que «el aborto es siempre un fracaso». Además, ha vuelto a mostrar su apoyo a los médicos objetores de conciencia a los que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere señalar en un registro. «No vamos a dejar que manoseen ni un solo nombre de nuestros profesionales ni a hacer listas negras», ha sentenciado.