El Gobierno de Pozuelo de Alarcón vuelve a demostrar que su palabra vale poco y sus promesas electorales, menos. Durante la campaña, el equipo de gobierno aseguró que su prioridad sería aliviar la presión fiscal sobre las familias, ayudar a la clase media y hacer de Pozuelo un municipio “amigo del contribuyente”. Hoy, la realidad es exactamente la contraria: más impuestos, más tasas y más recaudación a costa del bolsillo de los vecinos.

La última subida llega con las plusvalías municipales, un impuesto que afecta directamente a quienes venden, heredan o donan una vivienda. En lugar de amortiguar el golpe —como permite la ley—, el Ayuntamiento ha decidido aplicar los coeficientes máximos, encareciendo aún más un tributo ya de por sí polémico y duramente cuestionado por los tribunales en los últimos años. Y lo hace, además, escondiéndose tras el argumento de que “viene impuesto por el Estado”, cuando la normativa otorga a los ayuntamientos margen suficiente para moderar su impacto. Pero en Pozuelo han elegido exprimir, no proteger.

Y por si fuera poco, no hablamos de un hecho aislado. La política fiscal del Ayuntamiento se ha convertido en una cadena continua de subidas encubiertas, cuidadosamente maquilladas como “ajustes técnicos”, “actualizaciones normativas” o “adaptaciones legales”. El caso más sangrante fue la tasa de basuras, que el Consistorio empezó a cobrar seis meses antes de lo previsto, adelantando la factura a los vecinos sin rubor alguno y sin ofrecer mejoras visibles en el servicio. Ni más limpieza, ni mejores contenedores, ni recogida más eficiente. Solo más pagos.

Pero este afán recaudatorio no es casual ni puntual. Responde a una estrategia clara: engordar ingresos para poder seguir presentando cada año unos presupuestos inflados, artificialmente optimistas y políticamente vendibles, aunque estén sustentados sobre un esfuerzo fiscal creciente de los vecinos. Se recauda más no para mejorar servicios, sino para maquillar cuentas, cuadrar cifras y sostener una estructura municipal cada vez más costosa, opaca y alejada de las prioridades reales de los ciudadanos.

En lugar de ajustar el gasto, racionalizar contratos, reducir duplicidades o adelgazar el aparato político, el Ayuntamiento ha optado por la vía fácil: subir impuestos y tasas. Así se evita cualquier debate incómodo sobre eficiencia, prioridades o control del despilfarro. En Pozuelo no se gobierna recortando lo superfluo, sino exprimiendo al contribuyente hasta donde aguante.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está la bajada de impuestos prometida? Porque lo que los vecinos ven no es alivio fiscal, sino todo lo contrario: un Ayuntamiento que recauda cada vez más mientras mantiene intacto —cuando no creciente— su gasto político y su aparato institucional. Eso sí, cuando toca apretarse el cinturón, nunca lo hace la administración; siempre lo hace el ciudadano.

Resulta especialmente indignante que esto ocurra en uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, donde muchas familias ya soportan hipotecas elevadas, precios inmobiliarios desorbitados y un coste de vida creciente. En lugar de usar esa fortaleza económica para atraer talento, fomentar la vivienda accesible o aliviar la carga fiscal, el Ayuntamiento ha optado por convertir Pozuelo en una máquina recaudatoria de guante blanco.

Más grave aún es el desprecio implícito al votante. Porque no estamos ante errores de gestión, sino ante una traición política clara: se prometió bajar impuestos y se han subido. Se prometió proteger al contribuyente y se le ha convertido en la hucha permanente del Consistorio. Se prometió responsabilidad fiscal y se ha impuesto voracidad recaudatoria.

La subida de plusvalías y el adelanto de la tasa de basuras no son simples decisiones técnicas. Son decisiones políticas. Y como tales, deberían tener consecuencias políticas. Los vecinos merecen explicaciones, no excusas. Merecen coherencia, no propaganda. Y merecen un Ayuntamiento que gobierne para ellos, no contra ellos.

Pozuelo no necesita más discursos triunfalistas ni más notas de prensa autocomplacientes. Necesita un gobierno municipal que cumpla su palabra. Hoy, ese compromiso está roto. Y cada nuevo recibo que llega a los buzones lo recuerda.

Carlos Lázaro, de El Pueblo Existe