Hay algo profundamente revelador cuando quien debería custodiar la palabra pública la utiliza para envilecerla. No es un error aislado. No es un exceso puntual. Es una forma de ejercer el poder. Y cuando esa forma se consolida desde la Dirección de Comunicación de un ayuntamiento, lo que se degrada no es una opinión: es la institución entera.

En Pozuelo de Alarcón, la comunicación institucional parece haber abandonado su función esencial —informar, explicar, servir— para transformarse en un instrumento de confrontación permanente. No desde el debate político legítimo, sino desde un cargo técnico que debería actuar con neutralidad, prudencia y respeto hacia todos los vecinos, incluidos los más críticos.

El problema no es el tono.
El problema es el desprecio.

Desprecio hacia plataformas ciudadanas como El Pueblo Existe, una iniciativa vecinal de denuncia y fiscalización pública que no responde a siglas ni a intereses partidistas, sino al ejercicio legítimo de la participación cívica. Cuando la respuesta institucional ante este tipo de espacios no es la explicación ni el diálogo, sino la burla, el sarcasmo o la descalificación, lo que queda al descubierto no es autoridad: es incapacidad para contrarrestar con argumentos.

El menosprecio aparece entonces como sustituto del razonamiento.
La ironía hiriente reemplaza a la transparencia.
La arrogancia ocupa el lugar de la rendición de cuentas.

Pero este patrón no se limita al ámbito vecinal. Se reproduce también en el tratamiento dispensado a la oposición política, y de manera especialmente visible en el caso de VOX y su portavoz en Pozuelo de Alarcón. No desde el enfrentamiento político abierto —que corresponde a los cargos electos—, sino desde una estrategia comunicativa que parece orientada al desgaste personal, al señalamiento constante y a la ridiculización indirecta.

Conviene subrayarlo con claridad: no es una cuestión ideológica. Hoy el objetivo es VOX; mañana puede ser cualquier otro. El denominador común no es el adversario, sino la intolerancia a la crítica. Cuando una dirección de Comunicación actúa como actor político en la sombra, el mensaje implícito es inquietante: quien cuestiona, molesta; y quien molesta, debe ser desacreditado.

Ese comportamiento no transmite seguridad ni solvencia política. Transmite miedo.
Miedo al crecimiento del adversario.
Miedo a la crítica vecinal organizada.
Miedo a perder el control del relato.

Cuando el poder se siente fuerte, explica.
Cuando se siente seguro, argumenta.
Cuando se siente frágil, ataca.

Y eso es lo que revelan estas formas de comunicación: una deriva en la que la palabra institucional deja de ser un servicio público y se convierte en trinchera, en herramienta de presión, en mecanismo de defensa frente a todo lo que no puede controlar.

Un Ayuntamiento no puede permitirse que su voz oficial trate con desprecio a una plataforma vecinal ni que actúe como ariete contra una parte de la oposición. No puede tolerar que la comunicación pública se utilice como sustituta de la falta de argumentos ni como desahogo personal frente a la disidencia.

Porque la palabra institucional no pertenece a quien la administra.
Pertenece a todos los vecinos.

Pozuelo de Alarcón no necesita comunicadores que confundan firmeza con soberbia, ni crítica con burla, ni neutralidad con militancia encubierta. Necesita profesionales que entiendan que representar a una institución exige contención, respeto y altura democrática.

Cuando la comunicación se degrada, el poder se retrata.
Y lo que queda al descubierto no es autoridad, sino debilidad.

Juan Pozuelo, de El Pueblo Existe