El Gobierno de Pozuelo, agobiado por los vecinos y algunos medios de comunicación y con un enfado supino por no haberse enterado de nada, ha notificado este lunes el cese de la actividad del centro regional de MENAS de La Colonia de Los Ángeles de la Comunidad de Madrid al considerar que este local incumple la normativa vigente, pero la cosa no está clara.

Es cierto que hay una notificación del cese de actividad, firmada por la Gerencia de Urbanismo del Consistorio y no ratificada por la alcaldesa, en la que se detalla que la instalación incumpliría la ordenanza de aplicación vigente en Pozuelo.

Además, según parece, el inmueble tiene deudas acumuladas con el Ayuntamiento, al que debe el IBI desde el año 2015. Curioso.

Pero los jóvenes y sus acompañante siguen en las residencias previstas.

A la vista del informe de la Gerencia, los vecinos se han reunido con la alcaldesa Susana Pérez Quislant que les ha trasladado el “total interés” del Gobierno por acordar con la Comunidad de Madrid un emplazamiento adecuado para los menores. Pero nada más.

De hecho, el Gobierno municipal de Pozuelo, según fuentes oficiales, ha intentado ponerse en contacto con la consejera de Políticas Sociales y Familia María Dolores Moreno y/o con el director general de la Familia y el Menor Alberto San Juan (que estuvo hace unos días dando una conferencia en la sede del PP de la calle Las Flores invitado por Enrique Ruiz Escudero), y ninguno de los dos han respondido a sus llamadas. El peso político del Gobierno de Pozuelo y de su alcaldesa en la Comunidad de Madrid es poco tirando a nada.

No obstante, la alcaldesa Susana Pérez Quislant, aseguran, habló con el vicepresidente del Gobierno de Madrid Pedro Rollán que solo le explicó que la Fundación SAMU gestionaría el servicio y que este traslado cuenta ya con la pertinente autorización del Gobierno regional.

En declaraciones a Efe, Susana Pérez Quislant se ha escapado con sus “lugares comunes de siempre y ha explicado que son “absolutamente sensibles a las necesidades de estos menores, y prueba de ello es que el Consistorio cuenta con una vivienda para refugiados en la ciudad por la que ya han pasado varias familias y ha dado distintas licencias y autorizaciones para pisos tutelados en zonas en inmuebles permitidos”.

Pero la realidad es que todo sigue igual.