El Tribunal Supremo de España ha abierto un capítulo inédito en su historia al juzgar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

El caso gira en torno a la filtración de un correo electrónico de febrero de 2024 relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por fraude fiscal.

Acusado de filtrar información reservada para dañar políticamente a la oposición, García Ortiz enfrenta penas de hasta dos años de prisión.

Basado en testimonios y reacciones de voces de la red social X, estas tres primeras jornadas han revelado tensiones institucionales, acusaciones cruzadas y un clima de polarización.

A continuación, un resumen de los eventos clave:

Primera jornada: La negación y los aplausos (3 de noviembre)

La sesión inaugural, celebrada en la Sala de lo Penal del Supremo, comenzó con la llegada de García Ortiz al tribunal, donde optó por sentarse en el estrado de los defensores en lugar del banquillo tradicional, un gesto interpretado como un intento de esquivar la imagen de vulnerabilidad y unas fotos poco recomendables. Otro privilegio más. En España ya parece que no todos los ciudadanos somos iguales.

Durante su declaración, el fiscal general negó rotundamente cualquier responsabilidad en la revelación de secretos (normal), argumentando que actuó en defensa de la institución y que no autorizó la difusión de datos sensibles.

Dos fiscales y dos abogados de su equipo de defensa (manda güevos) coincidieron en respaldarlo, afirmando que las acciones fueron protocolarias y no implicaron filtraciones intencionales.

La jornada concluyó con García Ortiz abandonando la sala entre aplausos de simpatizantes (que luego resulto ser mentira ya que las imágenes se habían tomado en la sede de la Fiscalía General del Estado), un episodio que generó críticas inmediatas por parte de observadores.

“España es una república bananera”, tuiteó el periodista Tate Barceló, equiparando el recibimiento al que tuvo el exministro Ábalos en el Congreso, y denunciando un “doble rasero” en la Justicia.

Medios como ABC destacaron la ausencia de testigos de la acusación en esta fase inicial, centrada en la autodefensa del acusado, y cuestionaron la imparcialidad del proceso al resaltar la cercanía de García Ortiz con el Gobierno.

La sesión, que duró varias horas, dejó un sabor agridulce: defensa sólida, pero ecos de impunidad.

Segunda jornada: Acusaciones directas y choques en el tribunal (4 de noviembre)

El foco se desplazó a los testigos de la acusación, con la declaración de Alberto González Amador como momento cumbre. El empresario madrileño apuntó directamente a García Ortiz, acusándolo de orquestar la filtración que lo convirtió en “el delincuente confeso de España” y destruyó su presunción de inocencia.

González relató cómo el correo filtrado, que sugería un pacto con Hacienda, desencadenó una tormenta mediática y personal para sabotear a Ayuso, obligándole denunciar la filtración. “Me usaron como arma política”, afirmó, según crónicas de Okdiario y ABC, que subrayaron el “abuso de poder” del fiscal general.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, también testificó, defendiendo la integridad de su equipo y criticando la “sombra de sospecha” lanzada por la Fiscalía sobre la Comunidad de Madrid. La jefa de prensa de García Ortiz, Mar Hedo, contraatacó alegando que Ayuso extendió dudas injustificadas sobre la institución.

El día no estuvo exento de tensiones: se registró el primer choque entre la defensa del fiscal y el tribunal por cuestiones procedimentales, lo que avivó debates sobre la equidad del proceso.

El usuario @josecalvogomez expresó su frustración: “Estamos hartos de no ver a estos corruptos en la cárcel”.

La jornada reforzó la narrativa de una Fiscalía politizada, alineada con el Ejecutivo.

Tercera jornada: Testigos políticos y una suspensión inesperada (5 de noviembre)

La mañana trajo declaraciones de alto voltaje con Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, y Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa.

Lobato negó cualquier implicación en la filtración, pero su testimonio abrió interrogantes sobre presiones internas en el partido.

Sánchez Acera, olvidadiza y cercana al círculo de Pedro Sánchez, defendió la actuación de la Fiscalía como “defensa institucional”, aunque admitió el impacto devastador de la filtración en González Amador.

El Supremo suspendió la sesión de la tarde por motivos logísticos, reprogramando interrogatorios para las 15:30 con tres testigos pendientes. Críticas reflejadas en Okdiario, tildaron esto de “maniobra dilatoria” para proteger al acusado.

La jornada vespertina intensificó el escrutinio sobre las conexiones entre Fiscalía y PSOE, con analistas como @JHONQ42738086 denunciando una “dictadura de extrema izquierda”.

En conclusión, estas jornadas han expuesto fracturas en la Justicia española, con García Ortiz como símbolo de un supuesto uso partidista del poder.

Mientras el juicio se extiende hasta el 13 de noviembre, la oposición exige dimisión inmediata, argumentando que un fiscal imputado no puede garantizar independencia. El veredicto podría redefinir el equilibrio institucional en España.

El Atalayero