En los últimos días de septiembre de 2025, España ha sido sacudida por revelaciones periodísticas demoledoras que confirman lo que muchos sospechaban: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, no solo negoció con la banda terrorista ETA, sino que hizo concesiones que rayan en la traición al Estado y, sobre todo, a las víctimas del terrorismo.

Las actas secretas de esas conversaciones, publicadas por exclusivas en medios como The Objective, pintan un panorama de cobardía política y cinismo absoluto.

Zapatero, lejos de defender la democracia, se plegó a los asesinos, ofreciéndoles dinero público a través de ONGs para que cesaran la extorsión, mientras las familias de los caídos eran abandonadas a su dolor.

Imaginemos la escena:

En 2005, un emisario directo de Zapatero alerta a ETA de un inminente “golpe operativo importante” planeado por Francia contra la banda.

No era un rumor; era información privilegiada del Gobierno español, entregada para proteger a los terroristas que habían asesinado gendarmes y perpetrado atentados en suelo galo.

Esta filtración, detallada en las actas, no solo salvó a etarras de la cárcel, sino que expuso la podredumbre de un Ejecutivo dispuesto a aliarse con el enemigo para comprar una paz falsa.

¿Cómo se puede justificar esto?

Es una puñalada al corazón de la justicia y a la memoria de quienes perdieron todo por ETA.

Las víctimas, esas “molestias” para el zapaterismo, fueron silenciadas mientras se facilitaba la impunidad de los verdugos.

Pero las concesiones no terminaron ahí. Zapatero y su fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, apartaron a un fiscal clave, Juan Antonio Saiz, precisamente para allanar el camino de las negociaciones en 2006. Este hombre, que investigaba el entorno de ETA con rigor, fue marginado para que el diálogo fluyera sin obstáculos. Era el precio de la “paz”: traicionar el Estado de Derecho.

En paralelo, el Gobierno prometió a ETA seis acuerdos infames:
Ni una sola detención más, la legalización de su brazo político (hoy Bildu), el aislamiento del PP y la derecha, inmunidad para figuras como De Juana Chaos, ventajas penitenciarias para presos etarras y hasta la penetración en Navarra.

Todo ello, mientras la banda seguía extorsionando empresas y ciudadanos.

Esta infamia no es un secreto reciente; es el legado de un hombre que, como denuncia la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, convirtió a las víctimas en “el problema” al normalizar el blanqueo de ETA.

Zapatero legitimó el proyecto político de los asesinos, frenando su derrota inminente a manos de la Guardia Civil y el coraje popular.

Hoy, sus herederos en el PSOE pactan con Bildu, cumpliendo fielmente lo que él sembró. Las asociaciones de víctimas, como COVITE, claman al cielo: se instrumentalizaron sus dolores para un “final negociado” que solo benefició a los terroristas.

Zapatero no es un estadista; es un traidor que codeó con dictadores y terroristas, vendiendo la dignidad de España por votos y una falsa gloria.

Su negociación no acabó con ETA; la mutó en un poder político que hoy gobierna rincones de nuestra democracia. Las víctimas merecen justicia, no olvido. Es hora de condenar sin paliativos a este miserable que, como gritan las voces en X, “legitimó su proyecto político mientras las víctimas quedaban en el olvido”.

Y España no debe perdonar la traición. Ni olvidarla.

El Atalayero